ENGENDRO DIABÓLICO
Por Teodoro Rentería Arróyave
La Reforma en materia de justicia, que está a punto de cocinarse, es un “engendro diabólico” porque atenta contra derechos y significa un retroceso ya que otorga mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo, lo anterior es una declaración que los legisladores deben de tomar en cuenta por proceder de uno de los juristas más reconocidos no sólo de México sino del mundo, nos referimos al doctor Sergio García Ramírez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El que fuera juez, procurador General de la República, catedrático e investigador universitario, explica que es de entenderse que hay una desesperación social que clama por mayor eficacia del Estado en la lucha contra la delincuencia, pero “el Estado –advierte-, traduce esta demanda en mano dura”. Es de coincidirse, porque ello es una regresión que nos lleva al simplismo de la ley del garrote o a la ley del Talión.
García Ramírez, quien implantara en su tiempo, las que llamó “Cárceles sin rejas” que dieron tan buen resultado en la rehabilitación del infractor y que se perdieron en la vorágine de la burocracia, recurre a la tesis incontrovertible para explicar el derrotero de la muy publicitada “mano dura” en la que se ampara el actual gobierno:
En un sistema penal, señala, tienen que tomarse los criterios que se quieren y que se desean; “si es un gobierno democrático, o si es autoritario, tiene que resolver a qué le va a llamar delito, quiénes van a ser los delincuentes, qué vamos a hacer con ellos y cuáles van a ser las consecuencias jurídicas”.
El ombudsman del Continente Americano fue preciso al señalar que es peligroso “haber colocado en la Constitución una definición de delincuencia organizada”, el ilustre mexicanos vertía sus conocimientos al participar en el Foro-debate sobre la Reforma Judicial, organizado conjuntamente por la Fundación Heberto Castillo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Así lo explicó: “Se dice que es delincuencia organizada si tres o más personas acuerdan organizarse o se organizan para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguna o algunos de los delitos que en la misma (ley) se mencionan; serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada”.
“Como pueden darse cuenta -precisó el investigador-, ahí caben muchas cosas. No podemos ser ingenuos, existe esto y es gravísimo. Y suponiendo de buena fe que con ese concepto no van a captar conductas legítimas, no deja de ser un terreno peligroso. Hace 10 años se empezó a caer en la tentación de jueces sin rostro; algunos vimos eso con alarma. Estamos entrando al terreno de los derechos con garantías recortadas o, incluso, sin ellas.”
En la información que fue distribuida por la agencia oficial Notimex, el experto en la materia, dijo contundente: “la Ley Federal de Delincuencia Organizada es un engendro diabólico, es exacto como El bebé de Rosemary -la famosa película de Roman Polansky-, muchas de esas figuras que deploramos provienen de ahí, por ejemplo, el arraigo jurídicamente es una monstruosidad”.
Al respecto, relató el jurista, el arraigo se utilizaba sólo para aquellas personas que podrían evadirse de la justicia y estaban en sus domicilios y no podían salir del país o de un estado a otro, pero ahora “no se trata de un verdadero arraigo: es una detención anticipada donde se viola el plazo legal de las 72 horas, se le da la vuelta, se lleva al sujeto a una casa de seguridad, a un hotel o a un establecimiento formal al que sólo –denunció-, falta ponerle el letrero de cárcel preventiva”.
El doctor en derecho, en forma contundente, concluyó que con la Reforma judicial, aprobada ya por el Senado, “vamos a tener dos sistemas de justicia; hemos bifurcado el sistema ordinario y vamos ahora hacia uno que da mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”, porque “contiene elementos verdaderamente preocupantes y deplorables”, que atentan contra toda clase de derechos y significa sin lugar a dudas un retroceso jurídico. Fuerte pero a la vez concienzuda réplica del jurisperito Sergio García Ramírez.
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