-¡Justicia con perspectiva de género, verdad y reparación del daño!
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.-La Asamblea Somos Fuego Feminista, Martha Figueroa y las sobrevivientes del caso de la emboscada a balazos en Montaña Don Lauro, dieron a conocer el estado que guarda el proceso legal que se encuentra en curso, y denunciaron públicamente las múltiples violencias e irregularidades institucionales que han enfrentado las víctimas a lo largo de casi tres años.
En conferencia de prensa, dijeron hoy alzamos la voz para visibilizar las diversas formas de violencia que vivimos las mujeres y exigimos la implementación de medidas de prevención, reparación integral y acceso a la justicia.
En un contexto de recrudecimiento de la violencia de género, aseguran que las mujeres que buscan justicia tras haber sido violentadas se enfrentan a un sistema que obstaculiza los procesos judiciales, reproduce prácticas revictimizantes y vulnera sistemáticamente sus derechos.
Expusieron que el 25 de febrero de 2023, tres mujeres que descendían de la Montaña de Don Lauro fueron atacadas violentamente con armas de fuego por dos hombres desconocidos. Las tres lograron sobrevivir gracias a su fortaleza y apoyo mutuo. Tras el ataque, los agresores huyeron y las víctimas fueron auxiliadas por otros turistas, quienes permanecieron con ellas en el periférico sur de esta Ciudad, hasta la llegada de sus familiares, quienes llegaron a auxiliarlas.
Las sobrevivientes solicitaron ayuda a través del 911, sin embargo, esta les fue negada bajo el argumento de que la policía no podía acudir debido a que esa zona “se rige por usos y costumbres”. No recibieron ningún tipo de atención inmediata, lo que constituye una grave omisión por parte de las autoridades, municipales y estatales.
Posteriormente, acompañadas por sus familiares, acudieron a presentar la denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público, donde nuevamente fueron víctimas de violencia institucional: no se aplicaron protocolos con perspectiva de género, se les cobró por rendir su declaración y se realizaron comentarios revictimizantes y misóginos por parte de la Fiscal en Turno, pese a que era obligación de la Fiscal brindarles atención adecuada y gratuita.
Los responsables fueron detenidos el 7 de marzo de 2023 por un delito distinto, y posteriormente reconocidos por las sobrevivientes al ver sus fotografías en la página oficial de la Fiscalía del Estado.
Actualmente se encuentran recluidos en el CERESO No. 5.
A casi tres años del violento ataque, las sobrevivientes continúan esperando justicia. Durante este tiempo, ellas y sus familias han recibido amenazas constantes por parte de familiares de los agresores, derivadas de la ausencia de medidas cautelares efectivas que garanticen su vida y seguridad y la de sus familiares.
Ante estas anomalías, las sobrevivientes presentaron quejas ante el Órgano Interno de Control y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, instancias responsables de vigilar y sancionara las malas prácticas de servidores públicos, así como prevenir y proteger los derechos humanos de las personas, en este caso de las Sobrevientas. No obstante, estos procesos han resultado ser un distractor más, una pérdida de tiempo y un gasto adicional para ellas, ya que ambas instituciones han protegido a los funcionarios señalados, revictimizandolas sistemáticamente, ya que ambas instituciones han dictaminado en pocas palabras que no existen, ni existieron tales violaciones a Derechos Humanos.
Desde entonces, han enfrentado un calvario institucional marcado por irregularidades, dilaciones y prácticas que entorpecen el acceso a la justicia.
La dilación y cancelación reiterada de audiencias ha afectado gravemente el debido proceso, provocando un desgaste emocional, psicológico y económico para las víctimas y sus familias. Además, estas maniobras revictimizantes obligan a las mujeres a relatar una y otra vez los hechos, ante los cambios de fiscales y encuentros, incluso las sobrevivientes han sido forzadas a compartir el mismo espacio físico con sus agresores después del ataque perpetrado en 2023, evidenciando la falta de protocolos de protección y cuidado por parte de las autoridades.
En un estado como Chiapas, que se ostenta como humanista, transformador y con cero tolerancias a la corrupción y la impunidad, las sobrevivientes y sus familias exigen un proceso judicial efectivo, sin dilaciones y con perspectiva de género, que derive en una sentencia ejemplar por feminicidio en grado de tentativa, robo con violencia e intento de violación.
Este caso no es un hecho aislado. Como el de nuestras compañeras, existen numerosos casos de revictimización institucional y obstáculos sistemáticos al acceso a la justicia. Las colectivas feministas aquí presentes reiteramos nuestra exigencia de justicia para todas las sobrevivientes de violencia de género.
Desde la Asamblea Somos Fuego Feminista exigen:
¡Medidas cautelares efectivas y protección integral para las víctimas!
¡Justicia con perspectiva de género, verdad y reparación del daño!
¡Acciones inmediatas que garanticen la vida, seguridad y derechos humanos de las víctimas!
Por último, ¡Invitan a las Autoridades a garantizar la vida, seguridad y derechos humanos de las victimas!