Partidocracia y la peligrosa falacia del litigio mediático
Por Mario Luis ALUZAR SUÁREZ
Ciudad de México.- Se antoja difícil que en 49 días se resuelvan los 362 juicios de inconformidad contra la elección presidencial en la Sala Superior del Electoral del Poder Judicial de la Federación. Atender un promedio de 7.3 impugnaciones por día. Y poder declarar el nombre del Presidente Electo 2012-2018.
La cuestión, empero, es más sencilla de lo que se muestra en el litigio mediático, por 3 cuestiones estructurales de la industria político electoral superior a los 15 mil 953 millones 900 mil pesos (mil 200 millones de dólares), en donde la Partidocracia de 7 organismos, disfruta de 5 mil 292 millones5 mil pesos.
1.- Lejos de fundar un expediente sólido y verosímil con los indicios de graves irregularidades, presentó el equipo jurídico de Andrés Manuel López Obrador, documentos compuestos por deducciones y supuestos, soslayando que el acusador debe probar y en cambio, se presume que el acusado debe probar su inocencia,
2.- La estructura electoral sin facultad de investigación sin descontar que, jurídicamente, debe recibir en primera instancia la impugnación sobre su actuación, lo que le facilita responder en el momento mismo en que tramite la impugnación a la máxima autoridad competente, el TRIFE, con resolución “inatacable”, y
3.- La historia reciente de impunidad por las rendijas jurídicas en la creación de estructuras paralelas de financiamiento a las campañas, principalmente la presidencial.
Empecemos por el tercer punto. En 1997 el gobernador de Guanajuato, el panista Vicente Fox, creó una organización paralela llamada Los Amigos de Fox, para eludir el rechazo del entonces presidente del PAN, Felipe Calderón, a su pretensión de aspirar a la candidatura presidencial en 2000. En 1999 contaba con 350 mil poderosos amigos.
Una estrategia sustentada en que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) no tiene prevista esta figura para el monitoreo y vigilancia de diversos aspectos tales como el financiamiento y la propaganda.
El priísta sinaloense, Jesús Enrique Jackson Ramírez, presentó el 23 de junio de 2000 una denuncia contra la coalición Alianza por el Cambio por presunto financiamiento ilícito bajo una estructura equiparable a la del crimen organizado, recuerda Josefina Maldonado Montes en su investigación para obtener el grado de maestra en Estudios Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana.
En la denuncia presentada, Jackson hablaba de una triangulación del financiamiento –compañías extranjeras hacían depósitos a compañías mexicanas, muchas de ellas propiedad de Korrodi- y éstas a su vez hacían la transferencia del dinero a Amigos de Fox.
La investigación emprendida por el Instituto Federal Electoral (IFE) muchas veces se vio paralizada por carecer de facultades para tener acceso a otras instancias, tales como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda (SH) para poder continuar con las investigaciones.
Y el COPIFE es claro. En el segunda párrafo de su artículo 42 ordena: “no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: (…) personas físicas o morales extranjeras (…) y las empresas mexicanas de carácter mercantil”.
Para el 7 de octubre de 2003 la Comisión de Fiscalización del IFE sancionó a Alianza por el Cambio con una multa de 545 millones de pesos por aportaciones del extranjero, así como de empresas mexicanas de carácter mercantil y por sobrepasar el límite de la campaña, entre otras irregularidades.
Desglosemos el segundo punto.
El pasado martes 17 de julio, el Instituto Federal Electoral (IFE) entregó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Juicio de Inconformidad que reclama la nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Coalición Movimiento Progresista.
Tal como lo establece la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, en sus artículos 17 y 18, el IFE acompañó el escrito de impugnación con un Informe Circunstanciado en el que presenta sus argumentos para sostener la constitucionalidad, legalidad y limpieza del trabajo realizado por el Instituto durante todo el proceso electoral.
Es el propio Informe el que señala:
“El Instituto Federal Electoral ha ejecutado todas y cada una de las tareas que tiene encomendadas para la organización del proceso electoral, ha atendido todas las peticiones que le han formulado no sólo los actores en el juicio de inconformidad sino todos los partidos políticos, ciudadanos y agentes interesados en los comicios. El IFE también ha dado el cauce legal que corresponde a las quejas presentadas por los actores y por cualquier persona que hubiere hecho del conocimiento de la autoridad sucesos posiblemente contarios a derecho; y ha desplegado todas sus atribuciones de investigación y sanción. Varias de ellas, siguen atendidas y continúan abiertas”.
Pero además, el Informe presentado por el IFE tiene como propósito, poner a consideración del TEPJF sus argumentos de respuesta a cada una de las imputaciones de las que ha sido objeto en el recurso presentado por la citada Coalición.
Con estos elementos, consideremos que el Tribunal Judicial del Poder Judicial de la Federación carece de facultad de Ministerio Público para perseguir un real o supuesto delito, por lo que procede con los documentos recibidos, para realizar la valoración ajustada a derecho, en donde el principio jurídico ordena que todo mexicano es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Y esto es lo que nos lleva al primer punto: Al igual que en 2006, la impugnación presentada por la coalición Movimiento Progresista integrada por el PRD-PT-Movimiento Ciudadano, se sustenta en suposiciones de culpabilidad sin la prueba contundente para reforzar su estrategia de litigio mediático.
Sumada esta “incompleta impugnación” a la llamadas “deficiencias estructurales” en las instituciones electorales, encontramos el fondo real del problema para el ejercicio pleno de la democracia participativa de los mexicanos y que se encuentra en el principio de representación democrática.
Lejos de ser cuestión de semántica, se tiende una cortina de humo sobre la terrible realidad de la dictadura de la Partidocracia, en donde las élites partidistas se mantienen en el presupuesto con prácticas de nepotismo y grupales que preservan, en primer lugar, el flujo de recursos públicos difícilmente fiscalizables y segundos, los negocios.
Para darnos una idea, en este 2012 ejerció la estructura política electoral 15 mil 953 millones 900 mil pesos, en donde la Partidocracia de 7 organismos, disfruta de 5 mil 292 millones5 mil pesos, distribuidos de la siguiente manera:
PAN con mil 299 millones 839 mil 541 pesos con 66 centavos, equivalente al 25.3 por ciento; el PRI con mil 644 millones 45 mil 753 pesos con 32 centavos, igual al 32 por ciento; el PRD con 690 millones 780 mil 813 pesos, representan 13.4 por ciento; PT con 361 millones 380 mil 307 pesos con 94 centavos, es decir, el 7 por ciento.
Para el PVEM 478 millones 911 mil 729 pesos con 74, igual al 9.3%; el Movimiento Ciudadano con 315 millones 363 mil 944 pesos con 51 centavos, que representa el 6.1 por ciento y el PANAL con 352 millones 192 mil 747 pesos con 41, es decir, el 6.8%.
Mantener el control de los partidos en una democracia representativa, encontramos que tiene su razón económica y mantener las lagunas jurídicas en la solución de las controversias electorales, permite mostrar el músculo político en la negociación de los representantes, muy ajena al legítimo interés de los electores.
Es previsible, entonces, que el 6 de septiembre, a más tardar, el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación proclame como Presidente Electo al mexiquense Enrique Peña Nieto. Sin embargo, las condiciones económicas y de inseguridad reflejan un profundo malestar social que rebaza a los partidos como válvulas de escape de la tensión social. Y ese es el peligro de despertar al México Bronco.