Cosme Vázquez /ASICh
Los vehículos operativos y dedicados a la obra pública son sujetos de darles de baja a determinado tiempo en los ayuntamientos, pero los alcaldes no tienen autorización para comprarse vehículos de lujo ni para uso personal, señaló el vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, diputado Mauricio Mendoza Castañeda.
Declaró que la autorización de la Comisión de Hacienda a los ayuntamientos es presupuesto para la compra de vehículos operativos, por lo que hay camionetas que en algunos municipios sirven hasta de ambulancia para atender los ejidos, pero no deben ser para uso personal.
Enfático dijo que para autorizar la baja de los bienes de algún ayuntamiento pasa por un proceso de 30 a 45 días; se realiza una supervisión y se integran expedientes técnicos por cada uno de los vehículos que se dan de baja.
Inclusive, cuando de terrenos se trata tenemos que verificar que no formen parte del fondo municipal, reservas ecológicas ni sea tierras propiedad de la nación o patrimonio cultural.
Expuso que el desgaste que llevan las unidades durante la administración pública es pesado, por lo que las autoridades municipales tienen que solicitar la baja, a fin de poder presupuestar nuevas unidades.
Precisó que la mayoría de vehículos que se dan de baja son las camionetas tipo pikup y aquellas utilizadas para la realización de la obra pública.
En tanto, el promedio de vida de estos vehículos en la administración pública es de cinco años. Inclusive, el Ejecutivo del estado tiene lineamientos propios y cada cinco años tiene autorización para el renuevo del parque vehicular operativo.
Las unidades pequeñas en la administración pública tiene un promedio de vida útil estimado de ocho años, dependiendo del uso que le den, refirió Mauricio Mendoza Castañeda, quien agregó que en el caso de los ayuntamientos es muy común hacer esto.
El legislador anotó que por esta razón es constante que en cada sesión se desahoguen una o dos peticiones para dar de baja a unidades vehiculares, pero antes se estudian y los abogados de trámites legislativos integran los expedientes técnicos, en tan el Organo de Fiscalización Superior hace la supervisión necesaria.
Sostuvo que el órgano auditor del Congreso del Estado en caso de encontrar que se dio de baja algún vehículo que no lo ameritaba, inicia responsabilidades administrativas y penales al servidor público correspondiente. ASICh