Tal y como se veía venir, la reforma en materia de paridad electoral, aprobada recientemente por el Congreso de Chiapas, terminó siendo impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como resultado de inconsistencias de fondo que se advirtieron desde antes de su aprobación y que ahora parecen encaminarla hacia un destino previsible en manos del máximo tribunal constitucional.
Y es que el fracaso de reformas similares en otras entidades ya anticipaba una ruta complicada para Chiapas.
Apenas el pasado 4 de septiembre, diez días antes de la aprobación de la reforma chiapaneca, el Congreso de Guerrero había recibido un revés de la SCJN por una modificación legislativa bastante similar. En aquella entidad, los legisladores habían aprobado cambios a las leyes locales para garantizar que, durante los siguientes procesos electorales, en los municipios donde nunca ha gobernado una mujer, los partidos políticos estuvieran obligados a postular exclusivamente candidatas.
La Suprema Corte terminó fijando criterios no sólo respecto a la medida afirmativa que establecía candidaturas exclusivas para mujeres en determinados ayuntamientos, sino también sobre otras disposiciones de la reforma que las exceptuaban injustificadamente en ciertos municipios. Además, advirtió incompatibilidades con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, por lo que las disposiciones impugnadas terminaron siendo invalidadas.
Un par de semanas después, durante la sesión del Pleno celebrada el pasado 28 de septiembre, la SCJN también votó en contra de las reformas aprobadas por los congresos de Durango y San Luis Potosí, que establecían la alternancia obligatoria de género en las candidaturas a las gubernaturas como mecanismo para garantizar la paridad en un cargo unipersonal.
La Corte argumentó que esa disposición podía generar una restricción injustificada para los hombres al impedirles competir por la gubernatura en los procesos electorales en los que correspondiera postular a una mujer. En ese sentido, resolvió que los congresos estatales habían excedido sus facultades legislativas al imponer una regla que obligaba a los partidos políticos a alternar el género de sus candidaturas en cada elección.
Consideró que estas disposiciones podían excluir, dependiendo del proceso electoral, a personas de uno u otro género de la posibilidad de contender, y rechazó que las reformas, en los términos planteados, fueran necesariamente una vía válida para garantizar la equidad de género.
Se trata, al final de cuentas, de reformas que compartían, en esencia, el mismo objetivo que la legislación chiapaneca, aunque respondían a escenarios distintos. Por eso, el futuro de la norma impugnada ante la Suprema Corte, a la luz de los criterios que el máximo tribunal ha establecido en asuntos similares, no parece tan difícil de anticipar.
Sin embargo, el proceso de inconstitucionalidad promovido contra la reforma chiapaneca tampoco significa que exista un verdadero interés por la legalidad, la equidad real o los derechos ciudadanos igualitarios de parte de los promoventes. De fondo, aquí el asunto tuvo un interés estrictamente político.
Entre pasillos de Palacio de Gobierno se sabe perfectamente que el objetivo de la dirigencia partidista local fue utilizar dicho instrumento jurídico para “sentar” al gobernador e imponer condiciones de negociación sobre la mesa del proceso electoral venidero. Pero, lamentablemente para los interesados, el asunto no parece haber salido conforme lo planeado y el tiro podría terminar saliendo por la culata.
Y es que, al final, muy seguramente las negociaciones terminarán moviéndose de destinatario e interlocutor hacia la Ciudad de México para ordenar posibles modificaciones y la reposición del proceso de insaculación que, incluso, podrían terminar como una sentencia cuyos efectos deban esperar hasta después de los próximos comicios, debido a la falta de tiempo y proximidad del inicio del proceso electoral… así las cosas.