En el pasado la explotación laboral en las fincas agrícolas así como en otros centros de trabajo hacia los migrantes no sólo era el pan de cada día, sino ocurría sin que nadie se percatara o tomara cartas en el asunto.
El caso de la finca bananera “La Herradura” es una muestra de que en Chiapas se reconoce una problemática cada vez más lejana pero vigente, se han reformado las leyes para que cualquier migrante tenga la posibilidad del acceso a la justicia, como en este caso en donde 108 personas eran explotadas laboralmente y fueron rescatadas, expresó la Secretaria del Trabajo, Esther Almazán.
Desde los primeros momentos, el Gobierno de Chiapas está trabajando con el Viceconsul de Guatemala en Tapachula Mario Camposeco y ya se ha logrado la atención personalizada a cada uno de los migrantes rescatados que están en el Instituto Nacional de Migración, a fin de conocer la situación detallada que vivían y determinar el tiempo en que vivieron esta penosa situación.
Agregó que con amplio respeto a las autoridades federales, la Secretaría del Trabajo está atenta a los resultados de las investigaciones e independientemente de ello, brindará el respaldo necesario en materia laboral a los migrantes que se presumen explotados.
Así mismo, expresó, el gobierno del estado mantiene comunicación, vía la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) con la Procuraduría General de la República, que atiende el caso a través de la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
Cabe resaltar que Chiapas es la única entidad que cuenta a nivel constitucional con una Fiscalía Especializada para Delitos cometidos en contra de Migrantes, que ha recibido y atendido más de 9 mil denuncias, además de que se han desmantelado al menos 19 bandas de traficantes de personas que operaban en el sureste del país.