En México, cumplir con el fisco parece haberse convertido en una especie de castigo ejemplar. El empresario que paga impuestos termina siendo tratado como sospechoso permanente, mientras el Estado —cada vez más endeudado y con un gasto público que pocos auditan con rigor— opera sin el mismo nivel de exigencia ni consecuencias.
La paradoja es brutal: una parte muy pequeña de contribuyentes sostiene a un país donde millones de personas realizan actividades económicas en la informalidad sin pagar impuestos ni garantizar derechos laborales, y sin que la autoridad haga realmente algo para incorporarlos a la legalidad. Así, la carga termina cayendo sobre quienes sí cumplen, como si fueran una fuente inagotable de recursos.
LA CARGA SIEMPRE SOBRE LOS MISMOS
Mientras tanto, los apoyos sociales, los servicios públicos gratuitos y buena parte del gasto gubernamental descansan sobre ese mismo grupo reducido de contribuyentes que, además, suele ser señalado como si tuviera una obligación moral de financiar todo, incluso cuando el propio gobierno muestra ineficiencia, corrupción o gasto discrecional que rara vez se sanciona.
El resultado es un Estado que gasta más de lo que ingresa, se endeuda cada año y mantiene estructuras burocráticas costosas, mientras aprieta fiscalmente al sector productivo que genera empleo y paga impuestos. No hay incentivos reales para crecer ni para formalizarse; por el contrario, el mensaje implícito es que cumplir sale caro.
EL MENSAJE QUE RECIBE EL EMPRESARIO
Cuando surgen disputas fiscales entre empresas y autoridades, muchas veces las consecuencias económicas llegan antes de que existan resoluciones judiciales definitivas. En el terreno práctico, eso significa que la incertidumbre se instala primero y la certeza jurídica llega después, si es que llega.
Para quien invierte y genera empleos, el mensaje termina siendo inquietante: aun cumpliendo y defendiendo su posición en tribunales, el costo económico y reputacional puede adelantarse, desincentivando nuevas inversiones y frenando decisiones de expansión.
EL RIESGO DEL PODER SIN CONTRAPESOS
Al final, toda esta dinámica manda un mensaje peligroso: cumplir no garantiza trato justo, y disentir puede salir caro.
Cuando el poder pierde contrapesos y la ley se aplica selectivamente, la confianza se erosiona y el desarrollo económico se vuelve cada vez más frágil.
Y sin inversión, sin empleo y sin crecimiento, no hay programa social que alcance.