Durante años se instaló una narrativa cómoda: la violencia era consecuencia de la confrontación. Se nos dijo que “declarar la guerra” había sido un error histórico. Que enfrentar al crimen organizado era echar gasolina al fuego. Que lo sensato consistía en bajar la intensidad, atender las causas sociales y evitar el uso directo de la fuerza.
El discurso parecía humanista. Sonaba razonable. Pero la realidad terminó siendo más elocuente que cualquier consigna. Hoy, cuando vemos carreteras bloqueadas, vehículos incendiados, ciudades paralizadas y comunidades enteras bajo amenaza, entendemos algo esencial: el Estado no puede rendirse. No puede titubear. No puede negociar su autoridad.
EL MENSAJE DEL FUEGO
Cuando una organización criminal responde con quema de vehículos, ataques coordinados y actos de terror tras la captura o abatimiento de un líder, no está reaccionando con ira espontánea. Está enviando un mensaje político. Está diciendo: “podemos paralizar el país”. Está ensayando soberanía.
La estrategia del terror tiene un objetivo claro: disuadir al Estado y convencer a la sociedad de que es mejor no confrontar. Que lo prudente es no denunciar. Que lo sensato es guardar silencio. Que “llevar la fiesta en paz” es la única alternativa viable. Pero esa supuesta paz nunca fue paz. Fue sometimiento administrado.
Fue permitir que la violencia marcara los límites.
EL DEBER DEL ESTADO
Durante el gobierno de Felipe Calderón se tomó una decisión polémica: enfrentar frontalmente a los cárteles. Se le acusó de haber desatado la violencia, como si esta no existiera previamente. La discusión fue intensa, y los costos fueron altos. Pero el principio era claro: el monopolio legítimo de la fuerza pertenece al Estado.
Años después, la estrategia cambió de tono. Se instaló la idea de que la contención era superior a la confrontación. Que el uso de la fuerza era casi una provocación. Que era mejor abrazar que confrontar.
Sin embargo, el uso legítimo de la fuerza no es una opción ideológica. Es una obligación constitucional. El Estado no puede escoger cuándo ejercerla según la simpatía del momento. Si renuncia a ella, alguien más la ejercerá. Y ese alguien no lo hará con límites legales.
FIRMEZA O CLAUDICACIÓN
El caso de Nayib Bukele ha resultado incómodo para muchos críticos. Con todos los debates que su modelo genera, lo cierto es que envió un mensaje inequívoco: el Estado no se repliega. No negocia su autoridad. No permite que el miedo marque la agenda pública.
La primera batalla contra el crimen no es territorial, es moral. Si la sociedad percibe que el gobierno titubea, el miedo se institucionaliza. Si percibe firmeza, el cálculo cambia. El delincuente necesita impunidad; el ciudadano necesita certeza.
Por supuesto, la fuerza debe ejercerse dentro del marco de la ley. Con controles, con respeto a los derechos humanos, con vigilancia institucional. Pero lo que no puede existir es la claudicación disfrazada de prudencia. Porque el crimen organizado no busca coexistir con el Estado. Busca sustituirlo.
LA LECCIÓN APRENDIDA
Hoy asumimos las consecuencias de haber confundido pacificación con omisión. De haber creído que la violencia se diluye con gestos simbólicos. De haber pensado que la autoridad puede administrarse sin ejercerla.
Cuando incendian carreteras y paralizan ciudades, no están protestando: están midiendo la resistencia del Estado. Están preguntando hasta dónde pueden avanzar.
Y un Estado que retrocede deja un vacío.
No se trata de celebrar la confrontación ni de romantizar la guerra. Se trata de comprender que el orden público no se negocia. Que la seguridad no es una concesión graciosa del gobierno, sino su razón de ser.
El Estado no puede rendirse ante el crimen organizado por ningún motivo. No puede hacerlo por cálculo político, por conveniencia electoral ni por comodidad discursiva.
Porque cuando el Estado se repliega, el miedo avanza. Y cuando el miedo gobierna, ya no hay paz. Hay dominación.