– La promesa de “Cero Impunidad” en Chiapas enfrenta una prueba de fuego.
Los padres de Alfred Hazael Sánchez Ventura, estudiante de la Universidad Pablo Guardado Chávez asesinado el 11 de septiembre de 2025, han hecho pública una denuncia que pone al descubierto presuntas redes de corrupción y tráfico de influencias dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial.
Un homicidio calificado reducido a “encubrimiento”
En conferencia de prensa, aseguraron que el Fiscal del Ministerio Público, Hugo Fredi Alegría Toalá, habría actuado de manera corrupta al favorecer a los imputados —quienes eran amigos y compañeros de escuela de la víctima—.
Señalan que el fiscal reclasificó el delito de homicidio calificado a encubrimiento por favorecimiento, solicitando una sanción de apenas tres años de prisión.
“Este Fiscal hizo caso omiso a las instrucciones del Gobernador y buscó beneficiar su bolsillo optando por la corrupción, olvidando la vida de un joven que fue salvajemente privado de ella”, aseveraron.
La familia no solo apunta a la Fiscalía Metropolitana. También han solicitado formalmente la recusación y remoción del Juez Manuel Martín Antonio Álvarez, a quien acusan de estar coludido debido a nexos de parentesco entre trabajadores de la Fiscalía y los detenidos. Afirman que las pruebas de este tráfico de influencias ya están en manos del Presidente del Poder Judicial del Estado.
A pesar del oscuro panorama, los padres agradecieron la intervención del coordinador de fiscales, Lic. Armando Pérez Narváez, quien permitió que el caso fuera atraído por la Fiscalía Especializada en Delitos de Homicidio, a cargo del Lic. Arturo Pablo Liévano Flores, de quien esperan un actuar honesto y apegado a la ley.