*No se ha acabado
René Delios
Es inevitable responsabilizar a las autoridades superiores de la fiscalía o al comandante del ayuntamiento de que se trate, de lo que hacen sus elementos policíacos, y más cuando se trata de actos de represión, que mediáticamente se disparan hasta el gobernador o el alcalde, como sucede nuevamente con la imagen de Ulises Ruiz en Oaxaca, con la reaparición de la llamada APPO y el enfrentamiento de días pasados, pese a que la autoridad estatal solo trató de aplicar la ley y el estado de derecho, ante una actitud hasta la madre por parte de los explotados de siempre, que ya no creen en las políticas de –y en- sus gobernantes, como sucede en esa entidad, tan pobre como ésta, con la diferencia de que los chiapanecos se mantienen en calma, en algo que deberían valorar in Vitro, sus gobernantes.Desde luego no sorprende que, un policía dé un reporte falso al deslizar que golpeó “sabroso” a una mujer en la aprehensión merecida a los titulares de la Universidad Maya en las instalaciones de la Secretaría de Educación –a donde los llevaron con engaños con la colaboración oscura de Gilberto de los Santos, al que ya se le olvidó cuando era él era parte de los que gritaba por las calles y mitines en contra de esos agandalles judiciales-, o que intimiden elementos turbios de seguridad pública en Palenque a una reportera por confundir su grabadora con un radio, como si el segundo artefacto fuera propio de maleantes y no usual entre los empleados de cualquier empresa en éste país.
Lo sucedido a Amalia Avendaño y a Mirena Mullinedo –que son los casos arriba referidos, respectivamente- son la muestra cualitativa de que “la tira” no está entrenada para situaciones especiales, y se amparan para sus abusos en la orden de su superioridad, en algo que es de alto riesgo pues, aun con eso no contemplan los derechos humanos.
Como los argumentos oficiales para justificar éstos hechos, de éste lado advertimos que sigue la animadversión a periodistas por el solo hecho de serlo, por parte de los elementos policiales y las autoridades judiciales, que más que la verdad son material usual en las notas de prensa por sus abusos de autoridad por todo México, desde la impotencia que deja un agente de transito abusivo, hasta la invención de pruebas –por asociación delictuosa- por parte de la procuración de justicia y, la influencia de ésta por sobre el poder judicial en casos determinados, los cuales podemos enumerar –en el caso de Chiapas- en la medida en que sigan saliendo personas a través de la sentencia suspendida que inició Juan Sabines y cuyos exponentes más sonados son Conrado de la Cruz Jiménez y Angel Mario Ksherato, ambos de Cuarto Poder, diario no muy de los afectos oficiales en el sexenio pasado, y cuyos rescoldos quedan –y en demasía- en la Fiscalía General del Estado de Chiapas.
No se ha significado Sabines por agredir a periodistas y contrariamente, ha manifestado una actitud conciliadora y tolerante. Lo que se dice sobre éste y otros asuntos latentes en Chiapas en los medios que lo permiten, siempre será saludable; la publicación de los abusos o la corrupción permite medir con termómetros certeros –cuando el contenido es de calidad, off course-, lo que sucede en las diferentes áreas de gobierno y desde luego –que es lo más importante-, le permite al gobernante corregir o cambiar en –y en lo- necesario lo que esta mal.
Es pues que no se trata de envalentonar el asunto, sino de encontrar el punto de quiebre del porqué se dieron éstos dos hechos por parte del sector policial del que dicen sus superiores, están capacitados para actuar con apego a derecho.
Dos casos dos, ilustran que no y, para colmo –o por fortuna- los hechos fueron en contra de comunicadoras.
¿Cuántos casos de estos quedan impunes?
En los periodistas no porque existe la cultura de la denuncia y, pues ni Amalia Avendaño y ni Mirena Mollinedo se “quebraron calladas”, aun las consecuencias que pudiera contraer el hecho de pedir justicia.
La primera dama denunció ante la propia fiscalía y la segunda dama, ante derechos humanos.
Ahí están esas prendas, primo, pues el boletín oficial omite el golpe a la Avendaño y, nada justifica la violación al 11 constitucional –en el caso de la Mollinedo-, salvo una orden de aprensión, pero eso no se parece en nada a una grabadora reportera.
Matraz
A seis meses y medio del gobierno de Felipe Calderón, poco ha hecho, porque “¡no lo han dejado los de las cámaras!” –gritan sus cercanos-, “porque es poco tiempo” –escriben en flaco favor sus analistas afines-, o porque “la delincuencia organizada no le ha dado momento de descanso” como dicen en gobernación; lo cierto es que los días transcurridos no tienen regreso: se restan al sexenio y si bien podemos decir que pudiera aprobarse la reforma fiscal con varios ajustes, en el país hay varios millones de hombres y mujeres que se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema y miseria –que no son lo mismo-, que luchan por sobrevivir a diario.
Los días pasan sin retorno, el tiempo perdido no se recupera jamás, por lo que se hace necesario conocer los temas más importantes de la agenda del país, como podrían ser la educación, política fiscal, soberanía alimentaria, por citar algunos, para que toda la sociedad participe, sin anteponer intereses personales o de grupo, para atender el reclamo más recurrente de un pueblo que tradicionalmente ha recibido promesas, sí, promesas que nunca se cumplen.
Y mientras a las entidades del país el presidente las tiene pariendo chayotes, especialmente a las que como Chiapas, inician nuevo gobierno; el dinero federal como sus programas asistenciales, demoran en llegar: ya va medio año.
¿Los usa como instrumento político?
Sabemos que el gasto corriente de la federación para Chiapas –que tiene que mandar Hacienda a huevo pues lo autoriza el Congreso de la Unión dentro de la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación-, apenas pasa los ocho mil millones de pesos y, lo que importa es el extraordinario, que asciende a los casi treinta mil millones, y que sí son manejados por el presidente. Por eso ese dinero hay que negociarlo con él y con sus secretarios del gabinete legal y ampliado.
Así la vaina.
Así que no es la frase estúpida y sin conocimiento de “ya se vendió al PAN” la clave, sino la delicada cuestión de que si no se negocia, habrá menos paga, en un lujo que no nos podemos dar con tantos rezagos sociales y políticas caducas –en sindicatos, partidos, sectores- y empresarios llorones que añoran el paternalismo, como los que aun hay en Chiapas.
Hasta en todo eso necesitamos -¡ya!- el cambio generacional.
Envío
¡Larráinzar; cumplimiento y paz!