Tras ser aprehendida por elementos de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Migrantes de la Procuraduría de Chiapas, Mercedes Cisneros Cruz (a) “Mamá Meche”, es procesada por el delito de trata de personas desde una celda al interior del Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 4, con sede en la ciudad de Tapachula.En cumplimiento a la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en lo que va del año la Procuraduría estatal ha obtenido tres sentencias condenatorias en contra de tratantes de personas hasta por 15 años de prisión.
En relación a la denuncia presentada por una joven centroamericana, que dio paso a las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada, el pasado 18 de abril se logró la reaprehensión de Cisneros Cruz a quien le fue dictado auto de formal prisión por decisión de la Sala Regional Colegiada 02 de Tapachula.
La presunta tratante es propietaria de los bares conocidos como “El Delfín” y “La Cava”, ubicados en el municipio de Frontera Comalapa, en donde, según su propia declaración, laboraban jóvenes hondureñas a quienes mandaba traer expresamente para desarrollar actividades de acompañamiento y prostitución.
En este sentido, destaca la declaración de una de las víctimas quien señaló haber sido obligada a cambiarse el nombre y trabajar en dichos negocios de 10 de la mañana hasta la madrugada del otro día.
“Por cada cerveza o ficha cobraba 80 pesos y ella se quedaba 40… recuerdo que el primer día tuve que tomar 17 cervezas con un hombre que pagó 800 pesos para que me fuera con él”, relató.
Desde su reaprehensión, Mereces Cisneros Cruz enfrenta el proceso desde el interior del penal en Tapachula por el delito de Trata de Personas, por el cual podría alcanzar una pena por 15 años de prisión.
En este sentido, sobresale la desarticulación de diversas bandas dedicadas a la trata de personas en la entidad, mismas que operaban en municipios fronterizos.
Entre estas bandas, la encabezada por Víctor Segundo Sánchez, detenido junto a ocho de sus cómplices en abril de 2009, tras descubrirse que operaba enganchando a jóvenes para luego obligarlas a prostituirse en los estados de Chiapas y Tlaxcala.
Entre los detenidos se encuentra Angélica Pérez Montejo, a quien en días anteriores le fue dictada sentencia condenatoria por nueve años de prisión y una multa de 750 días de salario mínimo.
Además, se encuentran procesados Rosalba García López, Antonio Segundo Sánchez, Ana María Cosme Robles, Fortunato Romero Xicotencatl, Márvel García Pérez, Remedios Segundo Sánchez y José Luciano Pichón Hernández.
Con estos hechos, Chiapas se coloca una vez más a la vanguardia en la prevención y el combate frontal de llamada esclavitud del siglo XXI, por lo que hace un llamado a la población en general a seguir fortaleciendo esta lucha a través de la denuncia anónima ciudadana y en cualquier agencia del Ministerio Público ASICh.