Hay momentos en la vida pública en los que las instituciones tienen que dejar el escritorio, abandonar la comodidad de las oficinas y caminar al encuentro de la gente. Y eso, precisamente, es lo que empieza a verse en Chiapas con el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.
No se trata solamente de discursos ni de estadísticas, se trata de presencia.Durante muchos años, una de las principales quejas de la ciudadanía fue precisamente la distancia entre las instituciones de procuración de justicia y quienes acudían a ellas buscando ser escuchados. Comunidades enteras podían pasar meses esperando atención, mientras los funcionarios permanecían alejados de la realidad cotidiana.
Llaven Abarca ha decidido asumir personalmente una parte de esa responsabilidad y, por instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, permanecer tres días a la semana en la región del Soconusco y Costa, particularmente en una zona que enfrenta uno de los mayores retos en materia de violencia contra las mujeres.
Y aquí hay que reconocerlo: tener al fiscal general caminando las colonias, visitando municipios y escuchando directamente a la población no era algo habitual.
Eso es un cambio de fondo. Pero también hay que hablar de lo que duele. Durante el primer semestre del año se registró un incremento de feminicidios en esta región. De acuerdo con lo expuesto por el propio Fiscal General, el Soconusco y la Costa fueron las zonas donde más se elevó este delito en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Doce feminicidios en siete meses son doce historias que terminaron de la peor manera. Son doce familias marcadas por la ausencia, doce comunidades lastimadas y una sociedad que todavía tiene una enorme deuda en materia de prevención de la violencia contra las mujeres.
Reconocer el problema es el primer paso para enfrentarlo. El gobierno de Eduardo Ramírez ha ordenado un plan emergente para fortalecer la presencia institucional en esta región, con la participación no solamente de la Fiscalía, sino también de Seguridad del Pueblo, Salud, Educación, dependencias del gabinete legal y ampliado y organismos autónomos.
Porque tener penas de hasta 100 años para feminicidio puede representar una sanción severa, pero ninguna condena devuelve la vida de una mujer asesinada. La verdadera victoria sería que no hubiera feminicidios que perseguir.
Por eso la prevención tiene que convertirse en una política permanente y no solamente en una respuesta emergente ante el crecimiento de las estadísticas.
También es positivo que el Fiscal General haya enviado un mensaje contundente hacia el interior de la propia institución: servidor público que no quiera atender a la gente, que no cumpla con su responsabilidad o que permanezca indiferente ante las necesidades ciudadanas, debe dejar el espacio.
Eso también es combatir la impunidad. Porque la justicia comienza muchas veces en una ventanilla, en una agencia del Ministerio Público, en una oficina donde una víctima llega con miedo y necesita ser escuchada.
Si ahí encuentra indiferencia, burocracia o maltrato, la institución ya falló antes de que comience una investigación. Por eso el acercamiento de Llaven Abarca con la población merece ser observado y, desde luego, reconocido.
En Cantón Murillo y en Puerto Madero el Fiscal General habló de prevención, de educación basada en el respeto, de violencia infantil y de la necesidad de romper patrones machistas desde los hogares.
La violencia no empieza cuando se comete el delito. Muchas veces comienza mucho antes, en hogares donde se normalizan los golpes, los insultos, el control, los celos, la discriminación y la violencia como forma de convivencia.
La Fiscalía no puede sola. La Secretaría de Seguridad tampoco. Salud, Educación, los municipios y las familias tienen una responsabilidad compartida. Y aquí aparece uno de los grandes desafíos de esta nueva etapa: que la presencia institucional no sea pasajera.
El Soconusco necesita funcionarios que conozcan el territorio, que escuchen a la gente y que entiendan que gobernar también significa estar donde están los problemas.
El Fiscal Llaven Abarca está dando un paso en esa dirección. Ahora corresponde a los demás servidores públicos hacer lo mismo.
Porque Chiapas no necesita funcionarios encerrados en oficinas esperando que los ciudadanos lleguen. Necesita instituciones que salgan a buscar a la gente.
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