La Senadora María Elena Orantes se congratuló por la declaración de aprobación del Decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución, en materia de trata de personas, que realizó la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.
Resaltó la parlamentaria, que se trata de una reforma trascendental para proteger la integridad de millones de víctimas de este delito en el país, y destacó la sensibilidad del Constituyente Permanente al aprobar esta legislación que pone a México a la altura del movimiento mundial contra la trata de personas.
En este sentido informó que en la sesión del pasado miércoles 29 de junio, la Comisión Permanente recibió los oficios con 21 votos a favor de los congresos de diversos estados, entre ellos Chiapas; por lo que se cumplió el requerimiento establecido en el Artículo 135 para poder realizar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dichas enmiendas permitirán incluir dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos el resguardo de su identidad y datos personales y además faculta al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en Trata de Personas.
Dijo también que en el texto aprobado por los 21 Congresos Estatales se resalta que el objetivo de estas modificaciones es cumplir con las mínimas medidas de seguridad en el proceso penal y explicó que la reforma constitucional cataloga como grave el delito de trata de personas, por lo que es un gran avance que vigoriza el esfuerzo por respetar la dignidad de las personas, el derecho a la vida, la libertad y a la seguridad humana.
Consideró que las reformas a la Carta Magna representan un punto de inflexión en el combate a la impunidad. Por ello, reiteró el compromiso del Congreso de mantener un combate a los delitos asociados como el tráfico de órganos, la prostitución, matrimonios serviles y adopciones falsas que “en buena parte son perpetrados por el crimen organizado trasnacional”.
Asimismo dijo que el Congreso de la Unión como órgano fundamental del Estado mexicano envía el mensaje de que tiene la firme intención de combatir el tráfico y la trata de personas, ya que ha mostrado capacidad para realizar reformas constitucionales profundas, “que cambian la vida jurídica de México en cuanto a libertades, derechos y mecanismos en relación a su ejercicio y practica”.
La Senadora Orantes dijo que el Congreso mexicano está dando las bases jurídicas que permiten impulsar estrategias y políticas gubernamentales para una mejor coordinación de las autoridades locales, estatales y federales, el entrenamiento de los distintos cuerpos de migración, seguridad y el aparato judicial para identificar a las víctimas del tráfico de personas. ASICh
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