Bajo la estricta y minuciosa evaluación de la economía por la que
enfrenta el país, el diputado secretario de la Comisión de Hacienda de
la Cámara de Diputados, Ovidio Cortázar Ramos pidió a los congresos
locales regular las operaciones de las casas de empeño, debido a la
falta de regulación en los interese que cobran a los picnorantes los
cuales en algunos casos se elevan al hasta 257 por ciento anual,
siendo esta acción un duro golpe a quienes buscan apoyarse en dichos
préstamos.
El congresista chiapaneco de extracción panista y conocedor amplio
en la materia señalo que las elevadas tasas de interés que cobran
algunos establecimientos, que se acogen a la figura de asociaciones
civiles o instituciones de asistencia privada, “No pueden ser
calificadas de figuras de beneficencia debido a la forma en que
operan cobrando intereses muy por encima de los que se esperan
provocando la desestabilización económica en las clases más
desprotegidas”.
El punto de acuerdo leído ante el pleno de la cámara de diputados se
turno a Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Actualmente menciona que las disposiciones vigentes referentes a
las casas de empeño a nivel federal van únicamente en el sentido de
regular los contratos de adhesión y la transparencia de las
condiciones de los servicios, es decir no existe una regla que evite
los cobros indebidos.
El congresista chiapaneco informo que la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) indicó que en agosto de este año el Costo Anual
Total (CAT) promedio de las casas de empeño fue de 257.2 por ciento.
Asimismo, detalló que en 2006, el 25.3 por ciento de las personas que
hicieron uso de los servicios de las casas de empeño no percibían
algún ingreso personal y 30.2 por ciento tenía ingresos menores a los
4 mil 855 pesos.
Ante la operación irregular de dichas casas de empeño Cortázar Ramos
ha solicitado a los Congresos Locales del país a la regulación de
las operaciones de las casas de empeño pues con ellos se evitara que
muchos mexicanos pierdan su patrimonio familiar, con ello también se
busca apoyar a la economía de millones de mexicanos que acuden a
realizar empeños sin saber si en realidad podrán recuperar su
propiedad.
Asimismo, planteó que el Banco de México informe a la Cámara de
Diputados, en un plazo de tres meses, sobre el estudio y evaluación de
la formal incorporación al Sistema Financiero Mexicano de las
instituciones que realizan contrataciones u operaciones con interés y
garantía prendaria.