Mario Tassías
Sobre las reformas constitucionales en materia de amparo, se ha hablado mucho o se ha hablado poco, según se vea. Hay quienes emiten juicios de valor. Otros dan puntos de vista, y unos más que no tienen porqué saber sobre el tema ignoran el asunto que se remite a lo que vieron o escucharon en la tele.Lo cierto es que algunas de las razones para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la de de modernizar el juicio de amparo y, transformarlo en un medio más eficaz de protección de los derechos humanos y, adicionalmente, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte.
Los principales aspectos de la reforma van desde ampliar el ámbito protector del juicio de amparo; introducir la figura del “amparo colectivo”; ampliar el derecho a promover un amparo, sustituyendo el requisito de tener un interés jurídico, por el de “interés legítimo”; establecer la figura de la declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma hasta la introducción de la figura del amparo adhesivo.
Además se crean los Plenos de Circuito; se establece un esquema para la aplicación de sanciones cuando una autoridad no cumpla la sentencia de un juicio de amparo; también se establece la sanción penal a la autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión, o que ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente.
Conjuntamente se elimina la figura de caducidad de la instancia; se establece la obligación de no archivar juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional y se otorga a los Poderes Ejecutivo y Legislativo la facultad excepcional para solicitar al Poder Judicial Federal, la resolución prioritaria de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, cuando se justifique su urgencia atendiendo al interés social o al orden público. Asimismo se limita el abuso de la suspensión del acto reclamado.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación es de fecha 6 de junio de 2011, y a estas alturas del partido, no ha sido expedida la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al tratarse de una reforma constitucional en la que se establecen líneas generales que rigen al juicio de amparo, resulta de primordial importancia el contar con una ley que reglamente sus particularidades, opina la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Otros aspectos de la reforma, tienen que ver con que los juicios de amparo tendrán que tramitarse de acuerdo con la antigua ley de la materia, en todo aquello que no contradiga a la Constitución Federal reformada. Con independencia de que no haya sido expedida la nueva ley reglamentaria, el Poder Judicial de la Federación tiene la obligación constitucional de aplicar las reformas en sus resoluciones a partir de la entrada en vigor de las mismas.
Finalmente la SCJN emitirá los acuerdos necesarios para sustanciar y resolver los juicios de amparo, en tanto no se emite la nueva ley reglamentaria y es que con fundamento en su facultad constitucional, emitirá la normatividad correspondiente que de manera provisional resulte necesaria para el efecto, hasta en tanto no es emitida, por el Congreso de la Unión, la nueva Ley de Amparo.
Podría decirse que después de haber sido introducido en varios documentos constitucionales, como la Constitución yucateca de 16 de mayo de 1841, debido al pensamiento de Manuel Crescencio Rejón, y en el Acta de Reforma a la Constitución Federal de 1824, promulgada el 21 de mayo de 1947, a iniciativa de Mariano Otero; la institución se estableció definitivamente en los artículos 101 y 102 de la Constitución de 5 de febrero de 1857, según lo apunta en el Diccionario Jurídico Mexicano el Dr. Héctor Fix-Zamudio, el amparo hoy vive otra etapa de su existencia.
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