Por Jaime Arizmendi
*No Cesan Pugnas en el PRD por el Reparto de Candidaturas
*Obligar a Sindicatos a Transparentar Recursos Públicos
*Discriminación Sería Delito
Todos quieren ir a lo seguro… Aunque finalmente este domingo se pudo instalar el Consejo Nacional del PRD, que designará a quienes contenderán por los cargos legislativos federales, como por las delegaciones y la Asamblea Legislativa del DF bajo el emblema de ese partido; persistió la pugna entre los grupos y corrientes por alcanzar más candidaturas.
En un marco de protestas y descalificaciones de sectas perredistas provenientes incluso de diversos estados del país, inconformes por advertir que serían desdeñados en la integración de las listas de candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y demás cargos en juego; el Consejo Nacional tomó protesta a sus nuevos integrantes en punto de las 18:30 horas.
Con apenas dos horas y media de haber iniciado sus trabajos, el Consejo Nacional se vio obligado a decretar un receso hacia las 22:00 horas; para que aunque fuese durante la madrugada, los grupos pudieran alcanzar los acuerdos que faltan en la Comisión de Candidaturas, y puedan avalar a quienes buscarán ganar los comicios del primer domingo de julio próximo.
Ante ello, desde el inicio de la instalación del Consejo Nacional, que sesionó con 267 de sus consejeros, el dirigente perredista Jesús Zambrano había advertido se podía facultar a la Comisión Política Nacional a destrabar el tema de las candidaturas si es que al acortarse las horas para presentar su registro no se tenían los acuerdos entre los militantes.
En el ambiente permeaban nombres de quienes se perfilaban como seguros a una candidatura por el PRD. Entre ellos apareció el hasta hace unos días diputado federal panista, el sinaloense Manuel Jesús Clouthier Carrillo; el coordinador de la bancada perredista en San Lázaro, el guerrerense Armando Ríos Piter; la secretaria general del CEN, Dolores Padierna; su antecesora en dicho cargo, Hortensia Aragón; y la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García.
Para competir por Coahuila, Nuevo León y otros estados del norte del país, se estima que la mayoría de candidaturas serán concedidas a representantes de la iniciativa privada de la región. Tal es el caso de Coahuila, cobra fuerza el empresario Armando Guadiana, quien hace dos semanas se sumó al Movimiento Progresista.
Respecto a las propuestas lopezobradoristas de Genaro David Góngora Pimentel y Esteban Moctezuma Barragán, al Senado por el DF, la cúpula perredista las rechazó de inmediato porque es una de las entidades con duros conflictos para los acuerdos, y el tabasqueño considera esos espacios como prioritarios.
Peor aún, desde hace semanas el asunto de las candidaturas externas no ha sido bien visto por las corrientes perredistas, que se muestran poco dispuestas a “ceder espacios” a quienes no militan en las filas del PRD. Repudian incluso que las candidaturas atiendan el acuerdo político y el paternalismo en lugar de considerar la trayectoria política y partidista.
Desde el sábado, Lorena Villavicencio, Guadalupe Chavira, Adolfo Lluvere y otros aspirantes, calificaron de ilegal la convocatoria emitida el 20 de enero por el Consejo Estatal del partido para las candidaturas, al aducir que se han sustentado en “acuerdos y cuotas políticas”, con “vocación autoritaria y patrimonialista”.
Vale recordar que desde fines de enero se interpusieron ante el Tribunal Electoral local los juicios TEDF/JLDC/022 y 023, en contra de esos métodos de selección, lucha que todo indica continuará para que se emita una nueva convocatoria donde se tome en cuenta a todos. Y nada que se ignora la equidad de género y se valen de “Juanitas”…
Nobleza obliga, pero cuando la hay… Con el firme objetivo de obligar a los sindicatos de empleados federales y de empresas paraestatales, a que rindan cuentas sobre los recursos públicos y apoyos gubernamentales que les son entregados, la diputada Laura Arizmendi Campos propuso reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Fundada en la necesidad de que la sociedad debe saber qué pasa con los recursos públicos que se entregan a esos organismos gremiales, la legisladora de Movimiento Ciudadano, antepone: “la transparencia que planteamos en el uso y manejo de los recursos públicos de los sindicatos constituye una propuesta viable, sensata y necesaria para la vida democrática de nuestro país”.
El esquema de relaciones entre dirigentes gremiales de agrupaciones dentro del sector público y funcionarios de alto nivel, ha permitido que recursos fiscales fluyan hacia los sindicatos, sin que exista la obligación de rendir cuentas sobre su manejo y destino.
La iniciativa señala que, de acuerdo con el Informe “Latinobarómetro 2011”, estas entidades se encuentran entre las que gozan de un menor nivel de confianza ciudadana. Considera vital el construir las condiciones jurídicas para vencer las resistencias para abolir la opacidad de los servidores públicos, en tanto son beneficiarios de recursos públicos.
Aunque asume la importancia política de los sindicatos, en cuya calidad de asociaciones de trabajadores, han sido fundamentales para la conquista de garantías laborales; anota como necesario hagan pública toda aquella información sobre los recursos que manejan. Ya que la falta de transparencia ha hecho imposible saber la magnitud de los recursos que se operan dentro de las asociaciones gremiales de servidores públicos.
Conocer los montos y destino de los recursos públicos aportados a un sindicato, no es una intromisión a la libertad de su administración, sólo se limita al derecho de la ciudadanía para contar con información sobre los recursos y evitar desviaciones en su manejo. Pero en etapa electoral, es como echarle limón a la herida de los dirigentes…
Tarde, pero acabaría con los Sacales… Toda vez que en el país persiste un elevado índice de discriminación, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados analiza establecer pena de uno a tres años de prisión y multa de 50 a 200 días de salario mínimo, a quien atente contra la dignidad y anule o menoscabe los derechos y libertades de otras personas.
Mediante una iniciativa que reforma el Código Penal Federal, se crearía la figura del delito de discriminación, y que sea perseguido por querella, porque la actual Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación no prevé sanciones sino sólo medidas administrativas.
El proponente, diputado perredista Ariel Gómez de León destaca que el nivel económico y el color de la piel son los dos principales factores por los que una persona es discriminada. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), hay mil 93 expedientes para investigar casos de segregación, y México tiene muchas maneras de realizar actos discriminatorios por cuestiones principalmente culturales. Cerraría el paso a Las Damas de Polanco, el Gentleman de las Lomas, y otros especímenes de éstos…
jarizmx@yahoo.com.mx y argonpolitico@gmail.com