Por Jaime Arizmendi
*PGR y CNDH Informarán al Congreso de Homicidios de Comunicadores
*Auditoría al ISSSTE, Clamor Dentro y Fuera de San Lázaro
Argonmexico.com / Mi pueblo es un mar sereno, bajo un cielo de tormenta… Al reconocer que de los 66 homicidios de comunicadores perpetrados del año 2000 al 2010, casi ninguno han sido esclarecidos; que en ese lapso otros 12 periodistas fueron “levantados” y no han aparecido; y que también van en aumento los atentados contra medios de comunicación; la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió a la PGR y a la CNDH le presenten informes completos en torno a esta alarmante situación.
Así, ambas instancias –la PGR, a través de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión–, deberán dar cuenta a los legisladores de todo lo relativo a las agresiones, ataques, agravios e intimidaciones contra comunicadores y medios de comunicación; así como los resultados y las acciones emprendidas por las autoridades correspondientes.
El legislativo se pronuncia porque se le remita un reporte detallado “sobre la situación del estado que guarda el ejercicio de la libertad de opinión y expresión en el país”. Esto, en base al Informe “Misión México” que presentó en mayo pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue.
Dicho informe expone la actual situación de violencia e impunidad ejemplificada por el hecho de que muy pocos de los 66 casos de asesinato de periodistas ocurridos entre el año 2000 y diciembre de 2010 han sido esclarecidos.
Indica que la ausencia de investigaciones concluidas en la gran mayoría de los casos impide determinar con exactitud las causas y los responsables de estos crímenes; que tan sólo entre el 2000 y el 2010, 12 periodistas fueron desaparecidos. En algunas zonas del país, los comunicadores son intimidados y caen en la autocensura.
Y además de que se registran atentados contra los medios de comunicación, anota que la libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos, y que nuestro país es el más peligroso del continente americano para ejercer el periodismo.
Por todo ello, senadores y diputados aprobaron solicitar un informe pormenorizado del periodo 2000 a 2011 en materia de denuncias de ataques contra periodistas; ya que la libertad de expresión es una de las condiciones de la existencia de un régimen democrático, condición necesaria para que se pueda considerar que en un determinado país hay democracia.
No obstante, sostienen que el Estado mexicano enfrenta una situación crítica de violencia e inseguridad, por lo que la libertad de expresión y opinión se ha visto fuertemente comprometida en este contexto.
El Estado, no solamente está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, también debe prevenir las agresiones provenientes de particulares; así como a investigar, procesar, juzgar y sancionar a los autores de esa violencia. Pero cuando la autoridad está “arreglada”, la impunidad subsiste…
No fue un Día de Campo… Al comparecer, ahora sí, ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el director general del ISSSTE, Jesús Villalobos López, diputados de casi todas las fracciones parlamentarias se lanzaron duros al acusar la vigencia de redes de corrupción al interior de la institución.
Villalobos López asumió la Dirección General del ISSSTE a fines de febrero del año pasado, tras la salida de miguel Ángel Yunes Linares quien se había convertido en candidato de una coalición PAN-Panal para su vano intento de gobernar Veracruz.
Seguramente enterado de ello, Roberto Pérez de Alba, de Nueva Alianza abrió el fuego al criticar al funcionario por cancelar en tres ocasiones el encuentro con los diputados; le cuestionó si responderá con la verdad acerca de todas las irregularidades; para enseguida dar paso al rosario de denuncias que le propinaron.
De enero de 2010 a marzo de 2011 –dijo el legislador—el ISSSTE pagó dos mil 700 millones de pesos a instituciones privadas, lo cual contrasta con el deterioro de la infraestructura. En tanto, el petista Gerardo Fernández Noroña hizo lo suyo al pedir la renuncia del funcionario y mostrar una caja blanca para señalar que la transparencia del instituto no cabe en ella.
En su intervención, Villalobos López dio a conocer que durante la actual administración se aumentaron en 75 por ciento las auditorias respecto al sexenio anterior; y que en los últimos años se han contabilizado siete mil 467 procedimientos de fiscalización.
Pero entre los diputados permeaba una preocupación: aplicar una nueva auditoría al instituto con el objetivo de conocer si hubo o no desvío de recursos hacia el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o hacia el Partido Nueva Alianza.
En tanto, afuera del recinto legislativo, integrantes de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, organización gremial que aglutina al propio SNTE y otros sindicatos de instancias públicas federales, con cartulinas en mano exigían también nueva auditoría al ISSSTE, y “más y mejores consultas de especialistas”. ¿Queda …
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