Por Jaime Arizmendi
*Cárcel a Funcionarios Corruptos, Abusen de Autoridad, Intimiden…
*Multa y Cárcel a Quien Difunda o Publicite Comercio Sexual
Argonmexico.com / Panal v/s “Servidores” Públicos Delincuentes… A partir de que la Secretaría de la Función Pública reveló en su Informe de Labores 2010, que en los últimos cuatro años más de 680 personas se han visto involucradas en 129 denuncias penales por actos de corrupción, o por otras acciones que también afectan a la sociedad; el Partido Nueva Alianza busca impedir que los delitos cometidos por funcionarios públicos se queden sin castigo, y pide clasificarlos como “graves” para que esos delincuentes no obtengan la libertad.
De ser cometidos por “servidores públicos”, los delitos que se catalogarían en rango de gravedad son: peculado, abuso de autoridad, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, concusión, uso indebido de atribuciones y facultades, y enriquecimiento ilícito.
Vale señalar que de acuerdo al reporte oficial de la SFP, mientras en el 2009 se denunciaron a 115 personas, para el 2010 ascendieron a mil 779. Más aún, de estos mil 231 eran, o son “servidores públicos” y 548 particulares.
Asimismo, la Función Pública reporta que en los dos meses y medio transcurridos del presente año, se han emprendido 464 denuncias en contra de funcionarios corruptos, cuya nefasta acción delictiva ha costado más de tres mil millones de pesos.
Bajo esa óptica, para que los delitos de corrupción y los otros que ofenden a la sociedad y que son cometidos por “servidores públicos” no queden sin castigo, el diputado Gerardo del Mazo Morales propone que se cataloguen como graves, para que los funcionarios que han realizado actos que afecten a la sociedad sean procesados y no obtengan su libertad.
El legislador dijo que 915 servidores públicos han sido inhabilitados, con lo que el acumulado de los cuatro años de gobierno es de más de tres mil servidores inhabilitados. Y añade que conforme al Programa “Usuario Simulado” que implementó la SFP, en 43 operativos se pudo capturar en flagrancia a 55 empleados gubernamentales involucrados en actos de cohecho o extorsión.
En la propuesta, que fue turnada a la Comisión de Justicia, sostuvo que el problema de que los actos de corrupción no sean considerados como graves, quienes los cometen quedan en libertad bajo caución; además de que a pesar de que todas las denuncias de la SFP están bien integradas, la mayoría de los delitos que cometen los funcionarios generalmente alcanzan fianza.
Resulta innegable que la corrupción ha establecido en nuestro país márgenes de maniobra de muchos funcionarios, quienes han hecho de este fenómeno un modo de vida, por lo que urge catalogar como delitos graves, los actos cometidos por servidores públicos que no desempeñan sus funciones de acuerdo a las normas aplicables.
Y pese a la intensa labor de los auditores e investigadores de la Secretaría de la Función Pública, nadie puede dudar que la lista de delincuentes que utilizan un cargo público para cometer sus fechorías e indignidades, sigue en aumento. Así, iniciativas como la del diputado Del Mazo Morales son bienvenidas, aunque a esos “servidores públicos” los protejan autoridades…
Pararán publicidad de sexoservicio… En la plenaria de este martes en San Lázaro, con 401 votos a favor y 6 abstenciones, los diputados aprobaron reformar la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, para sancionar hasta con 18 años de prisión a quien contrate publicidad por cualquier medio de comunicación, y a quien publique los anuncios que busquen promocionar, difundir y facilitar esta práctica delictiva.
La reforma adiciona un segundo párrafo al artículo 5 de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, en que fundamenta que este delito se sancionará de seis a 12 años de prisión y con multas de hasta mil 500 días; pena que se agravará hasta 18 años de prisión y 200 mil 250 días, si es cometido en contra de una persona menor de 18 años de edad.
El dictamen urge a establecer las medidas preventivas legales que inhiban la trata de personas, mediante el desarrollo de bases legales de una política de colaboración y sensibilización con los medios de comunicación, para evitar la trata de personas, toda vez que lacera de manera especial a los grupos más vulnerables de la sociedad.
Alerta que la trata de personas es un brutal ataque a la libertad y a la dignidad de los seres humanos, por lo que es un delito de orden público mundial. “La vulnerabilidad de algunos grupos sociales es aprovechada por organizaciones delictivas para extender sus redes de tráfico de personas para la explotación sexual”.
En la exposición de motivos, se explica que los anuncios publicitarios de prostitución constituyen una forma de promoción, difusión y facilitación de la actuación de las redes del crimen organizado; por lo que fomentan la trata de personas, la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Establece que el desarrollo de nuevas tecnologías ha contribuido a acrecentar este problema, toda vez que no existe una prohibición a la publicidad que tenga contenidos pornográficos. Además, adiciona un inciso a la fracción III del artículo 13 de esa disposición para que la Comisión Intersecretarial de manera preventiva, en el diseño del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, fomente acciones tendentes a monitorear y vigilar que los anuncios que se publiquen por cualquier medio no contravengan lo dispuesto. Y que nadie se llame a sorprendido…
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