Es indispensable ajustar normas, leyes, prestaciones, seguros y servicios que históricamente han sido diseñados para población general, sin considerar las características, riesgos y condiciones específicas de la población con discapacidad.
Por ejemplo, los seguros de vida habitualmente se niegan a esta población o se ofrecen bajo condiciones restrictivas; además, tampoco están calculados ni diseñados considerando la esperanza de vida y las desigualdades estructurales que enfrentan muchas personas con discapacidad.
Lo mismo ocurre con múltiples prestaciones sociales y sistemas de pensiones, que fueron construidos con base en tablas actuariales y expectativas de vida de población general, sin considerar que las personas con discapacidad viven entre 13 y 15 años menos en promedio.
Mantener toda la normatividad actual para tratar igual situaciones profundamente desiguales no es inclusión; es una forma de invisibilización institucional y una posible vulneración a derechos fundamentales.
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