La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhortó, mediante punto de acuerdo, a las diversas autoridades educativas y en materia de derechos humanos del país, a vigilar y evitar actos discriminatorios en detrimento del derecho de las personas con discapacidad a recibir educación.
El dictamen especifica que “durante el ciclo escolar 2010-2011 se implementen todas las medidas necesarias para prevenir, evitar y en su caso sancionar cualquier conducta discriminatoria que atente contra el derecho a la educación de las personas con discapacidad que les impida la inscripción, desarrollo y plena inclusión en las escuelas públicas y privadas de enseñanza primaria, secundaria, preparatoria y sus equivalentes, así como en las universidades y en las instituciones de educación para adultos”.
La motivación de la proposición, describe el documento, establece que al referirnos a la educación, debe prevalecer lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona al inicio de su artículo 3º: Todo individuo tiene derecho a recibir educación.
Argumenta que a pesar de tales palabras y la abundante legislación que existe para prevenir y eliminar la discriminación, aún en un número elevado de escuelas de nuestro país se continúa negando el derecho a inscribirse de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Menciona que la Ley General de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 10 que las autoridades competentes garantizarán la incorporación y oportuna canalización de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, además de ello, verificarán el cumplimiento de las normas para su integración educativa.
En ese orden de ideas, destaca, es claro que cuando en un plantel de enseñanza primaria, secundaria, preparatoria, universidad o en una institución de educación para adultos, ya sea pública o privada, se niega a la inscripción a una persona con discapacidad por virtud de esas condiciones, se están violentando todos los ordenamientos jurídicos antes citados y pueden conocer de tales violaciones la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de los entes autónomos estatales que velan por los derechos, dependiendo del caso concreto.
En este sentido, cabe destacar que en Chiapas, las autoridades estatales y municipales, trabajan de forma ardua y coordinada para garantizar que todos los sectores de la población tengan garantizado el derecho a la educación. ASICh