Rodolfo De la Torre
Más allá de su estilo está el contenido del primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón y, a riesgo de decir lo obvio, el fondo es más importante que la forma. E incluso cuando la forma es fondo la primera adquiere importancia por el segundo. Cabría, sin embargo, preguntarse qué puede decirse de un informe referido a un periodo tan corto, apenas nueve meses, en el que lo más factible es que se hable de lo que se quiere hacer más de lo que se ha hecho. Se puede decir mucho, aunque en el caso de la política social emprendida no tanto como se quisiera.
La presente administración se ha propuesto el objetivo de alcanzar el desarrollo humano sustentable, concepto originado en los informes de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que consiste en ampliar equitativamente la libertad de las personas, tanto como elección voluntaria de sus objetivos como de disponibilidad de oportunidades. Al tomar en cuenta a las futuras generaciones, la equidad para decidir y tener opciones fundamenta la noción de sustentabilidad. Mayor desarrollo suele requerir seguridad para las personas, recursos, igualdad, protección al ambiente y democracia.
En el informe del presidente Calderón, en materia de seguridad pública resulta claro el objetivo de recuperar para el Estado la definición de las reglas de la convivencia social y el ejercicio de la fuerza legítima. El instrumento más visible para ello ha sido la amplia movilización del Ejército para combatir el crimen organizado. Al respecto se podrá estar de acuerdo o no con los medios adoptados, pero no se podrá negar que esto representa un cambio significativo en las políticas seguidas que tendrá consecuencias profundas, empezando por un cambio en el balance de poder entre la criminalidad y el Estado.
En la economía, el objetivo de ser competitivos y crecer con estabilidad está consistentemente atendido con la salud financiera y la obtención de nuevos recursos para invertir que significa la reforma fiscal. Nuevamente, esta última puede tener alcances limitados; sin embargo, dentro de los márgenes de acción actuales, es una importante acción en la dirección correcta. En el tema de la sustentabilidad, también con un peso de consideración está el generalizar el pago de servicios ambientales, que recompensa a los más pobres en la actualidad por conservar recursos naturales para las generaciones futuras.
En cuanto a fortalecer la democracia, quizás no hay una iniciativa concreta del Ejecutivo que lo destaque. Sin embargo, tal vez su papel no deba ser el de promotor de una iniciativa propia sino facilitador de un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. De ocurrir lo anterior, aunque no sea un proyecto propio, la administración de Calderón puede distinguirse por ser la que dé lugar a una profunda reforma del Estado. Cabe mencionar que en la política exterior, además de un objetivo claro, hay una vía distinguible para alcanzarlo: recuperar liderazgo internacional obteniendo posiciones clave en organismos multilaterales.
La claridad de instrumentos para los objetivos de los cuatro ejes anteriores se desdibuja cuando se trata de la política social, que pretende igualar las oportunidades de bienestar entre los mexicanos. Por una parte hay elementos de continuidad, como la permanencia y ampliación del programa Oportunidades, que siendo valiosos en sí mismos no alcanzan para articular la política social en su conjunto. Por otra, hay elementos innovadores, como la evaluación generalizada y pública de la calidad de la educación, que aún no tienen suficiente alcance para guiar decisiones clave, como asignaciones presupuestales.
En términos generales la propuesta de política social aparece dispersa en subsidios energéticos, estancias infantiles, 100 municipios a atender con urgencia, becas educativas y otros elementos similares. Lo más parecido a un esquema integrador corresponde a la universalización de la cobertura de servicios de salud, pero incluso ésta no atiende la segmentación que en la oferta de servicios médicos existe. Es posible que estas limitaciones se atiendan próximamente en el Plan Nacional de Desarrollo Social, pero mientras esto ocurre otras áreas de la política pública parecen ganar ventaja sin que esto debiera ser así.
El Presidente podría explorar como base de su propuesta de equidad el concepto de ciudadanía social precisando los derechos sociales y sus obligaciones concurrentes. Podría instrumentar esta idea universalizando la seguridad social, desligándola del empleo y financiándola por completo con recursos fiscales. La ciudadanía social incorporaría nuevos derechos, como una educación de calidad, y plantearía una verdadera eficiencia y progresividad del gasto público, revisándose incluso fórmulas de asignación del gasto descentralizado y asegurando una evaluación en todos los órdenes de gobierno.
Sin embargo, también habrá que decir que el objetivo del desarrollo humano sustentable no puede limitarse a la igualdad de oportunidades. Esto es apenas promover la mitad de la libertad de las personas, pues se requiere impulsar su participación en la obtención de sus propias metas. Como puede verse, los rezagos sociales alcanzan a la propia política social.
rodolfo.delatorre@prodigy.net.mx
Director del IIDSES de la Universidad Iberoamericana