La Diputada Federal, Gloria Trinidad Luna Ruiz, como miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, impulsó junto con otros Diputados, las reformas a la Ley de Salud para el Trasplante y donación de órganos.El dictamen en sentido positivo con modificaciones de las iniciativas con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de salud, en materia de donación y trasplantes de órganos, fue aprobado por unanimidad por los legisladores federales.
Derivado de reuniones de trabajo, tanto los integrantes de esta Comisión dictaminadora, las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Secretaría de Salud y demás especialistas en la materia, han llegado a un consenso final que tiene como resultado esta reforma integral.
Luna Ruiz, señala que el objeto dictamen es que se ha visto enriquecida con las tres iniciativas, forman una reforma integral en materia de donación y trasplante de órganos, buscando que de esta manera que se definan figuras, establezcan medidas, tipifiquen delitos.
Así como también, se contemple y regule en la Ley diversos supuestos que se dan dentro de los procesos de donación y trasplante, logrando que la magnitud, utilidad y trascendencia de los avances científicos y tecnológicos, para contrarrestar una gran variedad de afecciones mediante la utilización de órganos, células y/o tejidos humanos, sean llevadas a cabo, mediante los principios de dignidad y solidaridad humana, los cuales condenan la adquisición de partes del cuerpo humano para el trasplante y la explotación de las poblaciones más pobres y vulnerables y el tráfico humano que se deriva de dichas prácticas.
Y es que la legisladora sostiene, “la donación y el trasplante de órganos en nuestro país, se ha convertido en un grave problema de salud pública, a pesar de que existe ya un sistema nacional de trasplantes, desde hace mucho tiempo se requería de la revisión y actualización del marco regulatorio de la donación y los trasplantes, específicamente en la Ley General de Salud”.
De ahí que para una mejor coordinación y regulación, entre los objetivos fue lograr que la concurrencia de las entidades federativas en materia de trasplantes y donación de órganos sea real, tomando en cuenta las medidas necesarias para llevarlo a cabo.
La legisladora chiapaneca en la cámara baja, agregó que se podrá coadyuvar con el Centro Nacional de Trasplantes en la integración y actualización de la información necesaria para el Registro Nacional de Trasplantes, mediante los mecanismos que al afecto determine la Secretaría de Salud Federal. Incluir las definiciones relacionadas con el Trasplante de Órganos.
Aunado a ello, -crear el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, establecer consentimiento tácito del donante. Facultar al Centro Nacional de Trasplantes para fomentar la cultura de la donación, en coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, así como para impulsar las acciones que permitan la trazabilidad de los órganos y tejidos donados para trasplante, misma que estará a cargo de cada establecimiento de salud en el desarrollo de sus actividades-.
Por lo que se facultará a la Secretaría de Salud para realizar la vigilancia sanitaria de trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos, establecer reglas para establecimientos que realicen actos, referentes a trasplantes y diversos.
Establecer que las instituciones públicas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por razón de sus funciones emitan documentos oficiales de identificación ciudadana, deberán incluir una anotación que exprese la voluntad del titular de la misma en relación con la donación de sus órganos.
Cuando se acredite que los órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de cadáveres, así como los tejidos de seres humanos que puedan ser fuente de material genético y que hayan sido obtenidos de una persona menor de 12 años de edad, la pena de prisión en una mitad en su mínimo y máximo y se sancionará con multa equivalente de 600 a 800 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. ASICh