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Vamos a impugnar el reglamento para atender consultas indígenas en materia electoral aprobado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el 20 de marzo pasado, porque es restrictivo, sostuvo el abogado comunitario Gabriel Méndez López.
El profesional en la defensa de derechos humanos reconoció que es un tema de relevancia en donde las consejeras y consejeros electorales experimentaron la manera en cómo poder responder a las solicitudes de los pueblos indígenas que deseen cambiar el sistema para elegir a sus autoridades municipales, tal como lo hizo Oxchuc el año pasado.
Pero, revisando el contenido del reglamento notamos que se deberán cubrir diez requisitos para hacer la solicitud correspondiente, y el más difícil de poderse cubrir es el que la solicitud vaya respaldada cuando menos con el 25% de la población del municipio.
El ejercicio de la libre determinación no debe ser restrictivo, sino que puede solicitarlo cualquier ciudadano, en tanto la obligación del Estado es garantizar el derecho a la consulta, subrayó.
Dijo que conforme al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo el reglamento aprobado por el IEPC pone piedritas innecesarias a la población indígena para que pueda acceder a ese derecho.
Asimismo, indicó que dicho reglamento se sustentó con resultados de consultas patitos, celebradas en San Cristóbal de Las Casas y Ocosingo, porque hay autoridades de comunidades indígenas con las que ha platicado, que no fueron invitados, no participaron, por lo que se dio violación de derechos.
Por ello, con otros de sus compañeros han estado platicando que no hay que dejar el tema a la deriva, porque si esperan que se consuma sería complicado querer hacer el cambio de sistema para elegir a sus autoridades municipales, por los obstáculos mencionados.
Aseguró que ya prepara el recurso de impugnación para presentarlo en cuanto regresen a funciones los tribunales, sobre todo que hay varios municipios donde tienen interés realizar sus próximas elecciones por la libre determinación, lo cual podría ser una salida para acabar con la práctica que se da ahora de los conflictos poselectorales. ASICH