Con el objetivo de fortalecer el acceso a los servicios de defensoría pública por parte de los pueblos y comunidades indígenas del país, el Diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura Federal, sometió a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 5 de la Ley Federal de Defensoría Pública.
En la exposición de motivos resaltó que el país tiene una enorme deuda con los mexicanos que viven en condiciones de pobreza y marginación ´atenderlos es prioridad de este gobierno. Por ello, se propone una política social integral que, primero, articule los programas y acciones de gobierno desde sus diferentes ámbitos de acción y; segundo, promueva la coordinación y la participación de los otros órdenes de gobierno y de la sociedad´.
Dentro del eje rector se destaca “Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad´. En este sentido indicó que se reconocerán y respetarán sus costumbres, sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural sin contravenir preceptos constitucionales y legales comunes a todos los mexicanos, en el marco de la aplicación de todos los programas de gobierno con acciones orientadas al bienestar de los pueblos y comunidades indígenas.
Cortazar Ramos precisó que la iniciativa pretende promover el reconocimiento jurídico de las formas de organización y sistemas normativos de dichos pueblos, incluso, establecido en acuerdos internacionales. Por eso, consideró importante generar propuestas para el fortalecimiento del marco jurídico en materia de acceso a los servicios de defensoría pública por los pueblos y comunidades indígenas.
Dijo que en México, se ha avanzado de forma substancial en la protección de estos derechos. Sin embargo, aun tenemos importantes reformas por realizar en esta materia. La Ley Federal de Defensoría Pública prevé en el artículo 5, los requisitos para ingresar como defensor público o asesor jurídico´.
Estos incluyen Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente; tener como mínimo tres años de experiencia profesional en las materias relacionadas con la prestación de sus servicios; gozar de buena fama y solvencia moral; aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes, y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año.
Expuso, que no establece ninguna obligatoriedad para los defensores públicos o asesores jurídicos, hablar y entender suficientemente la lengua indígena de sus defendidos o asistidos. Al contrario, dijo que dicha iniciativa tiene por objeto establecer dicha obligatoriedad de hablar y entender suficientemente la lengua indígena, como un requisito, cuando sean designados en las unidades investigadoras del Ministerio Público de la Federación, los Juzgados y Tribunales del Poder Judicial Federal, en las regiones donde haya población hablante de lengua indígena.
Es menester resaltar que la presente iniciativa es una de las propuestas contenidas en la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, enmarcados dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. ASICh