Chiapas aprobó la Ley de Identidad de Género en la misma semana en que una diputada morenista se paró en tribuna a decir que no la comparte. Las autoridades creen que ahí termina el asunto. No es así.
El 30 de junio, con 33 votos, el Congreso de Chiapas aprobó la Ley de Derecho a la Identidad: las personas trans podrán ahora cambiar nombre y sexo en sus documentos oficiales por la vía administrativa ante el Registro Civil, sin dictamen médico, sin hormonas ni cirugías de por medio, sin juez que intervenga. No fue una reforma aislada: el mismo día, con la misma votación de 33 a favor, el pleno aprobó también la Ley de Acciones Afirmativas —impulsada por la diputada Andrea Negrón Sánchez, de Movimiento Ciudadano— y una reforma electoral para fortalecer las candidaturas de la comunidad LGBTIQ+. Tres reformas, un mismo paquete, la misma tarde. Es una agenda que otros estados ya transitaron y que aquí llegó tarde, pero llegó completa.
Una semana antes, el 23 de junio, en el mismo salón de plenos, la diputada morenista María Isabel Rodríguez Jiménez subió a tribuna a decir, sin rodeos, que es evangélica pentecostés y que está en contra de la diversidad sexual. Pidió a la comunidad LGBTIQ+ que ejerciera sus derechos “entre cuatro paredes.”
Las dos cosas ocurrieron en la misma legislatura, con la misma bancada mayoritaria, en cuestión de días. Y ahí está el dato que les conviene minimizar: la ley pasó con votos de sobra, pero la protesta de Rodríguez Jiménez no fue un exabrupto aislado que se disolvió con la sesión. Tuvo respuesta inmediata, en vivo, de otra morenista. La diputada Luz María Castillo Moreno le contestó desde la misma tribuna que el Congreso no puede legislar con base en convicciones religiosas, le recordó a su compañera de bancada en qué partido está, y defendió que Morena impulsa una agenda progresista y de inclusión. No es un matiz menor: Castillo Moreno no es una voz cualquiera dentro del partido en el tema. Es quien ha impulsado consultas ciudadanas sobre identidad de género y acciones afirmativas en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Comitán. Lo que se vio esa tarde en el pleno no fue Morena contra una diputada disidente. Fue un partido discutiéndose a sí mismo, en público, sin poder resolverlo.
Y el detalle que más incomoda a muchos es el “consenso” es este: la única diputada que votó en contra de la reforma no fue de Morena, sino del PAN. Jovannie Maricela Ibarra Gallardo justificó su voto por falta de estudios de impacto presupuestal —no por convicciones religiosas ni morales. Ni siquiera la oposición formal quiso hacer suyo el argumento de Rodríguez Jiménez. Eso deja a la diputada morenista sola con su discurso, pero no sola con su base: ella misma ha dicho que recibió numerosas muestras de apoyo tras sus declaraciones. Eso no es ruido de tribuna. Es un termómetro.
La respuesta institucional fue previsible y, en el fondo, reveladora del nerviosismo oficial: autoridades tradicionales y representantes de distintas iglesias fueron convocados a la plaza central a “promover el diálogo y la convivencia pacífica” antes de que la ley se votara. Es la fórmula clásica del humanismo que transforma cuando algo le incomoda: organizar el consenso en la plaza mientras el conflicto real se cocina en la curul de al lado.
Pero esta fractura no es un accidente de Chiapas. Es estructural, y tiene ocho años de antigüedad. Morena llegó a la presidencia en 2018 en alianza con el Partido Encuentro Social, una organización de origen evangélico con un discurso conservador en materia sexual y reproductiva, aliada a un movimiento que en su núcleo reunía a los sectores más progresistas del país en derechos sexuales, reproductivos y de diversidad. La contradicción no la inventó Rodríguez Jiménez la semana pasada: es fundacional del proyecto.º
Y esa contradicción pesa más en el sureste que en cualquier otra región. La franja formada por Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo concentra buena parte del crecimiento pentecostal del país, que en conjunto suma más de diez millones de personas, cerca del 15% de la población mexicana. Es una base demasiado grande para desairar y demasiado grande para complacer sin romper con la otra ala del partido. El antecedente de cómo Morena ha resuelto antes esta tensión no es alentador para quienes esperan un debate de fondo: en Campeche, cuando dos alianzas de pastores se dividieron sobre si apoyar o no a la candidata morenista Layda Sansores, el conflicto no se resolvió con argumentos, sino con reparto de cargos en el gobierno estatal a cambio de que los ministros de culto movilizaran a sus fieles.
Ese es el patrón que hay que vigilar en Chiapas. La ley ya se aprobó, y eso es una victoria real para miles de personas trans que hasta ahora dependían de un trámite judicial. Pero la pregunta que el paquete legislativo no resuelve es qué va a pasar cuando esa base evangélica, que ya dio “numerosas muestras de apoyo” a su diputada, tenga que decidir su voto en la próxima elección local. Si el patrón de Campeche se repite, la respuesta de Morena no será ideológica. Será una negociación de cuotas, disfrazada, otra vez, de diálogo en la plaza.