Angel Mario Ksheratto
Reformas contra el arraigo
El arraigo, que en términos jurídicos es la prohibición expresa de abandonar una demarcación ó territorio, es un tema controversial; primero, porque los fines cautelares ó precautorios por los que fue creado (que no instituido puesto que es de origen, inconstitucional) violentan los derechos civiles y humanos de quienes son sometidos a tal práctica. En segundo lugar, porque debilita la preservación de la eficacia de la investigación, en virtud de los de por sí cuestionados métodos en la procuración de justicia.
En ese sentido, el arraigo podía ser la antesala de una sentencia adelantada ó una liberación amañada. Para más, estaba cargada de tecnicismos jurídicos que no favorecían ni a la procuración ni a la administración de justicia.
Hace unas horas, el Jefe del Ejecutivo anunció que enviará una serie de reformas al Código Penal entre la que se prevé la eliminación de la figura del arraigo, bajo el claro argumento que ésta viola flagrantemente los derechos humanos. Era evidente que durante el arraigo, los reos eran víctimas de abusos.
Por lo general, el arraigado quedaba automáticamente incomunicado, aunque algunas veces, se trataba de una prisión de lujo, puesto que los arraigados, aún cuando hubiesen cometido delitos graves, tenían grandes posibilidades de una defensa más allá de las posibilidades que a otros se les denegaba.
Una de las razones por las que el arraigo venía perdiendo su eficacia, era precisamente la falta de una regulación adecuada. Si bien se sostenía sobre bases jurídicas más ó menos sustentables, enfrentaba otras carencias como la de ser oído por el juez competente, esencialmente porque el arraigo estaba diseñado sólo para otorgar tiempo al investigador para armar su caso contra el detenido. Era un verdadero merequetengue.
Como mecanismo cautelar, el arraigo dejó de tener vigencia. Esa es, entendemos, la base política y social sobre la que Sabines Guerrero sienta la necesidad de eliminarlo del Código Penal. Entendible a todas luces.
A favor y en contra, ha habido opiniones serias; otras de plano, rayan en la ridiculez. Pero lo que más ha permeado son los ejemplos. En éste sexenio, varios funcionarios de distintos niveles de Michoacán, fueron arraigados bajo la sospecha de tener vínculos con el crimen organizado. La medida fue duramente criticada, pues demostró que el arraigo solo sirvió para dar a los investigadores el tiempo necesario para implantar pruebas, lo que al final se revirtió y los implicados resultaron absueltos.
En otros casos, ha tenido resultados positivos, pero por lo general, se han centrado en casos relacionados con la delincuencia organizada. De ahí la postura de quienes opinan que la figura debería mantenerse sólo en casos donde el investigador y el juzgador, tengan sobradas sospechas de la participación de los implicados en delitos graves del orden federal.
Sin embargo, la tendencia es a eliminar el arraigo del fuero común. Es necesario, si se toman en cuenta los derechos humanos, como vemos que está sucediendo en Chiapas. La intención del mandatario es preservar la integridad de los indiciados y no someterlos a una especie de prisión sin antes haber sido escuchados por un juez.
Vale la pena reconocer que, de aprobarse la reforma anunciada, Chiapas será el primer estado de la República Mexicana que se pondrá a la vanguardia de un nuevo sistema de aplicación de la justicia. Y esto no es porque exista una carrera para ser los primeros en todo como algunos malpensados dirán; se trata de volvernos a los principios éticos del Estado que poco a poco se han perdiendo por un ó por otra razón, muchas de éstas, sin sentido.
Por último hay qué decir que el arraigo era dos cosas: inconstitucional y anticonstitucional. En el primer caso, porque no estaba regulado por la Constitución y en el segundo, porque se oponía abiertamente a la Constitución. Así de mal estaba el asunto.
Tarjetero
*** Yassir Vásquez es un joven político bienintencionado, de buena voluntad. Hasta ahora ha dado muestras de ser un alcalde sensible, inteligente, chambeador. Pero no falta el ó la sinvergüenza que pretende pasarse de listo ó de lista. Por ahí se sabe que una funcionaria del Ayuntamiento, anda pidiendo los famosos “diezmos”, acción por la que ya circulan varias quejas serias y bien fundadas. Sabemos que el joven alcalde, al ser enterado de esto, pondrá un alto a la susodicha y esperamos fervientemente, la mande a la cárcel. Es un deseo, no una recomendación obligada. No puede ser que Yassir de muestras de honradez y ésta tía, se esté pasando de la raya. *** El sábado y domingo, en Copainalá, Xecopa, La voz de los vientos, festejará su XIV Aniversario; en el evento se rendirá un homenaje a la tía Silvina González por su enorme aportación a la promoción de las artesanías zoques. El evento será en el Foro Cultural “Luciano Vázquez Pérez”. Ahí estaremos. *** Según el gobierno de Guatemala, hasta ahora han sido detenidos dos sospechosos por la muerte de Facundo Cabral. Ojalá sea cierto. *** ¡Vaya! Se desató el escándalo por una serie de televisión doméstica, en la que se dice, el gobierno invirtió lo que le hace falta: dinero y en exceso. ¿Se imagina? 118 millones de pesos para la serie “El Equipo”, un refrito de las series policiales de Estados Unidos. Y mientras se gastan millonadas en tratar de lavar las orejas a la destartalada policía mexicana, la violencia sigue repuntando. ¡Qué barbaridad! *** Elba Esther Gordillo se niega a jubilarse. ¿Cómo si se ha hecho millonaria a costilla de los maestros agachones? *** Veintinueve exfuncionarios del gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca, están siendo investigados. Empieza la debacle del tiranito. *** Hablando de tiranos, trascendió que a Pablo Abner Salazar, tuvieron qué instalarle un teléfono exclusivo en las oficinas donde está detenido en El Amate. Esto, para que no salga a la población. Ha sido a pedido de él, pues dicen, tiene miedo de que lo agredan. ¿Privilegios? *** Luego nos leemos.
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