A cinco años del asesinato de Sinar Corzo Esquinca, defensor de derechos humanos, el próximo martes 18 de junio finalmente dará inicio el juicio oral en las instalaciones del centro de readaptación social de Tonalá para determinar su posible responsabilidad de los presuntos autores materiales, por lo cual familiares, amistades y camaradas de lucha se declaran para estar atentos al desarrollo del juicio.
Mediante un pronunciamiento, los familiares se están convocando, así como a sus amigos y defensores de derechos humanos, para conocer si el resultado del juicio permite alcanzar la tan ansiada justicia por ese crimen cometido el 03 de enero de 2019.
Se dijo que Sinar Corzo Esquinca fue un destacado defensor de los derechos humanos en Chiapas, conocido por su trabajo en favor de las comunidades marginadas de la zona costa. Su asesinato generó una ola de indignación y protestas en todo el país, y puso de manifiesto la grave situación de violencia que enfrentan los defensores de derechos humanos en México.
El juicio oral que comenzará el próximo martes es una oportunidad para que se haga justicia y se castigue a los responsables del asesinato de Sinar Corzo Esquinca. También es una oportunidad para exigir al gobierno que tome medidas efectivas para proteger a los defensores de derechos humanos en México, aseveran.
En contexto, anotan que el defensor de derechos humanos del Comité de Derechos Humanos El Coloso de Piedra, Sinar Corzo Esquinca, fue asesinado a pocos metros de su domicilio.
Por este crimen, en diversas ocasiones tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el gobernador Rutilio Escandón han expresado que el caso no quedaría impune y que sería debidamente investigado para llevar ante las instituciones responsables de impartir justicia a las personas involucradas en este que fue el primero homicidio de defensores de derechos humanos de las actuales administraciones.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas realizó las investigaciones correspondientes, mismas que derivaron en diversas aprehensiones de las presuntas personas responsables. Sin embargo, haciendo uso del derecho al amparo establecido en nuestro código penal, las personas implicadas han interpuesto diversos recursos para retrasar la fecha del juicio que determinará su responsabilidad en el caso.