Madrid. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó un escrito dirigido al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el que exige la desclasificación de los documentos que, de acuerdo con la entidad, “sigue ocultando el Estado” sobre el asesinato de Federico García Lorca.
Según consta en el expediente presentado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, fechado ayer, la ARMH denuncia que España mantiene una Ley de Secretos Oficiales “dada en el Palacio de El Pardo a 5 de abril de 1968” y firmada por Francisco Franco.
En el escrito, la asociación recuerda que diversos gobiernos han prometido en numerosas ocasiones modificar esa norma para redactar una nueva ley cuyos contenidos se sustenten en las libertades democráticas. Según denuncia la ARMH, la propia Ley de Memoria Democrática 20/2022 establecía que se promovería en el Parlamento un nuevo proyecto de ley en este ámbito, pero el gobierno incumplió el plazo de un año previsto para llevarlo al Congreso de los Diputados. El texto, que llegó meses más tarde de lo indicado en el precepto, no ha sido activado en la Mesa del Congreso para avanzar en su tramitación.
Por eso, la asociación solicita que, cuando se conmemoran 90 años del asesinato de García Lorca “por un grupo de fascistas, cuyo crimen sigue impune”, el gobierno proceda “a la desclasificación y el cese de la ocultación de toda la documentación relativa a su asesinato y a las repercusiones que tuvo”.
La ARMH reclama, en consecuencia, que “salga a la luz toda la documentación que esconde el Estado relativa a los crímenes de la dictadura franquista”, al considerar que mantenerla en secreto “sólo se puede entender como una protección a los verdugos y un agravio permanente para sus víctimas.
“Nuestra democracia recuperada después de la dictadura lleva 50 años utilizando una ley de secretos oficiales firmada por el dictador”, acusó el presidente de la ARMH, Emilio Silva, y añadió que “el Estado democrático lleva décadas ocultando documentación relativa a los crímenes de la dictadura y dando prioridad a la protección de los verdugos por encima de los derechos de las víctimas”.
Silva explicó además que la asociación “protegió durante seis años el único documento en el que el Estado franquista reconoce el crimen de Lorca. Nos lo entregaron en secreto en 2009, como si viviéramos bajo un régimen sin libertades, y nos autorizaron a sacarlo a la luz en 2015 para proteger a la persona que había decidido hacerlo público”, relató.
“Todos los informes, como ése, de todos los crímenes de la dictadura deberían ser públicos y terminar con la cultura de la ocultación, que es una terrible herencia de la dictadura que los gobiernos democráticos han aceptado sin rechistar”, añadió el presidente de la asociación.
Con información de LA JORNADA