Después de tiempo en la antesala y con varios meses de ser anticipada, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso finalmente sobre la mesa la reforma electoral en materia de equidad que, de aprobarse, podría modificar de fondo el escenario político de Chiapas rumbo a los siguientes comicios. Y no se trata de un asunto menor.
La propuesta no solamente pretende garantizar una distribución equitativa de las candidaturas entre hombres y mujeres. En los hechos, podría convertirse en un auténtico reacomodo de fuerzas políticas, capaz de poner fin a las aspiraciones de algunos y, al mismo tiempo, abrir la puerta a candidatas que hasta hace poco ni siquiera contemplaban competir por ayuntamientos coyunturales.
Y es que, en esencia, la lógica de la propuesta parece sencilla. La iniciativa plantea obligar a todos los partidos a postular sólo mujeres en la mitad de los ayuntamientos, por lo que después de la próxima elección, la mitad de los municipios chiapanecos deberán estar gobernados por mujeres y la otra mitad por hombres, estableciendo además un esquema de alternancia sucesiva entre ambos géneros.
Pero, eso de llevar la teoría a las urnas será otra historia. Porque una cosa es plantear en el papel que habrá municipios reservados para candidaturas femeninas y otros para candidaturas masculinas, y otra muy distinta es decidir cuáles serán esos municipios. Ahí está, precisamente, uno de los mayores problemas.
La primera aplicación de este modelo exigirá acuerdos políticos que podrían convertirse en un auténtico rompecabezas para los partidos. Pues no todos cuentan con perfiles competitivos de ambos géneros en los municipios donde pretenden conservar o conquistar el poder.
Hay ayuntamientos donde un partido puede tener una candidatura masculina con posibilidades reales de triunfo, pero ninguna mujer con la misma competitividad. Y viceversa. Por lo que obligarlo a cambiar de género podría significar, en términos estrictamente electorales, obligarlo también a competir con una desventaja considerable o resignarse a perder la contienda de manera anticipada.
Entonces surge la pregunta, ¿hasta dónde están dispuestos los partidos a sacrificar competitividad electoral en nombre de la equidad? Porque una reforma diseñada para equilibrar la participación política podría terminar, paradójicamente, generando una nueva disputa interna por la selección de los municipios. Y en esa discusión hay un nombre que inevitablemente aparece: Tuxtla Gutiérrez.
La capital chiapaneca es, por razones obvias, uno de los principales premios electorales de la entidad. Pero también es uno de los municipios donde la aplicación de la nueva regla podría generar mayores complicaciones. Aquí buena parte de los perfiles que se mueven alrededor de la sucesión municipal son hombres. Incluso dentro del gobierno estatal prácticamente son puros aspirantes masculinos los que han construido presencia política para Tuxtla de cara a 2027.
Morena ha planteado que las principales candidaturas para los próximos comicios serán definidas mediante encuestas. Si esa ruta se mantiene, entonces la reforma de equidad podría convertirse en un factor decisivo para modificar las condiciones de competencia antes de que siquiera comiencen formalmente las campañas. Porque si Tuxtla queda dentro del bloque de municipios en los que solamente podrán competir mujeres, muchos de los aspirantes masculinos quedarían automáticamente fuera de la contienda.
Eso significa que la primera gran batalla no solamente estará en quién gane las encuestas, sino también en qué municipios se asignan inicialmente a hombres y cuáles a mujeres. Y ahí es donde la reforma podría esconder su verdadera dimensión política, pues determinar el género de las candidaturas no será únicamente una cuestión de paridad, será además una decisión sobre dónde tendrá cada grupo político la posibilidad de competir con sus mejores cartas.
Por eso, más allá del discurso políticamente correcto sobre la equidad, habrá que observar con lupa la “letra pequeña” de la reforma, particularmente los mecanismos mediante los cuales se determinará la distribución inicial de municipios. Porque si el procedimiento termina dependiendo de acuerdos entre partidos, bloques políticos o criterios que permitan cierto margen de negociación, entonces la disputa real podría comenzar mucho antes de que se conozcan los nombres de las candidaturas… así las cosas.
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