“La construcción de la nueva carretera San Cristóbal–Palenque ya no debe detenerse”. Ese es el reclamo social que comienza a ganar cada vez más espacio en el debate público frente a la ejecución de un proyecto estratégico que durante años ha representado uno de los principales pendientes de infraestructura carretera para Chiapas y, también, uno de los mayores fracasos acumulados para varios gobiernos estatales.
La obra, considerada uno de los principales megaproyectos de infraestructura de la administración de Eduardo Ramírez Aguilar, presenta ya avances en su primer tramo, que comunica Palenque con el entronque hacia Ocosingo. Ahí, pueden observarse extensos trazos de brecha abiertos, zonas ya pavimentadas y puentes vehiculares en proceso de construcción.
Sin embargo, la resistencia ha vuelto a hacerse presente.
Otra vez son organizaciones como el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), así como las redes nacionales e internacionales vinculadas con ellas, las que han levantado la voz para solicitar la suspensión del proyecto. Los argumentos son, en esencia, los mismos: defensa del territorio, protección ambiental y autodeterminación de las comunidades indígenas. Pero esta vez el contexto social parece distinto.
Y es que, más allá de los intereses de fondo que pudieran esconderse detrás del legítimo derecho de las comunidades indígenas a defender su territorio, esta vez una parte importante de la ciudadanía parece haber decidido subirse al debate público para defender también la ejecución de la obra. Y lo hace, además, más allá de colores partidistas o afinidades con los gobiernos en turno.
Al final, la demora excesiva para concretar el proyecto, los sabotajes reiterativos al proyecto y la necesidad impostergable de conectar de manera más eficiente a las distintas regiones de la entidad, han terminado por rebasar la paciencia de miles de ciudadanos que hoy deben enfrentar los riesgos de transitar por las actuales rutas.
Carreteras plagadas de topes, puntos de inseguridad, retenes ilegales y distancias que convierten cualquier traslado en una verdadera odisea se han vuelto en pan de todos los días para miles de familias en Chiapas. Además de miles de automovilistas que tienen que salir de Chiapas hacia Tabasco para poder llegar hasta la región de Palenque, con el consecuente incremento en tiempo, distancia y gasto.
Todo ello, después de años de proyectos inconclusos, propuestas modificadas y resistencias que han terminado por mantener a regiones enteras en condiciones de aislamiento y rezago.
Porque, más allá de las legítimas diferencias respecto al impacto ambiental o territorial que pueda generar una obra de esta magnitud, tampoco puede ignorarse que las comunidades que habitan esas regiones llevan décadas esperando mejores condiciones de conectividad, desarrollo y oportunidades.
La obra estratégica no puede quedar otra vez sometida a la negativa de grupos tras bambalinas, reducidos a través del tiempo, que se niega a hacer viable cualquier propuesta, aunque esta traiga de por medio algún beneficio para comunidades sumidas en la pobreza y el rezago durante años, con o sin carretera de por medio.
Lo que está sobre la mesa es la capacidad de las autoridades para construir una obra que cumpla con las exigencias ambientales, y, al mismo tiempo, responda a una necesidad histórica de comunicación e infraestructura para Chiapas. Porque después de tantos años de espera, detenerla nuevamente significaría regresar al mismo punto de siempre. Al de los grandes anuncios, los proyectos eternos y las obras que nunca terminan por llegar.
Por eso hoy la obra no puede detenerse. Al contrario, debe asumirse como prioridad de infraestructura carretera no sólo para la administración de Eduardo Ramírez, sino para el gobierno federal de Claudia Sheimbaum, quienes deberán llevar finalmente a buen término la exigencia de miles de chiapanecos para contar con una vía de comunicación medular que se ha demorado más de lo razonable… así las cosas.
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