San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa ( Comité Digna Ochoa), como un organismo de la sociedad civil de Chiapas, expresa su total respaldo a la decisión de las víctimas sobrevivientes de la masacre de Acteal de llegar a un acuerdo de solución amistosa con el Estado Mexicano representado por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ello con el acompañamiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que garantiza que los acuerdos que se firmarán públicamente el próximo 3 de septiembre en la Ciudad de México es con sustento en los estándares internacionales de los Derechos Humanos.
Manifestamos que este acuerdo de solución amistosa, es una decisión totalmente válida y legítima, la cual su aceptación es competencia única y exclusiva de las víctimas sobrevivientes de la masacre de Acteal y es una consecuencia de su lucha por verdad y justicia desde hace casi 23 años, por lo que nadie que no sean las víctimas tiene el derecho de atreverse a cuestionar o descalificar este procedimiento que se ajusta a los estándares internacionales de los Derechos Humanos, e implica un acto de voluntad política del Estado Mexicano en reconocer su responsabilidad por acción y omisión en los hechos que condujeron a la masacre de Acteal.
Lamentamos y condenamos que desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y organismos satélites se pretenda cuestionar y descalificar esta decisión, que insistimos compete única y exclusivamente a las víctimas, y sobre todo porque como han señalado las mismas víctimas sobrevivientes este organismo ha firmado por lo menos dos acuerdos de solución amistosa, y lo hicieron con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por lo que no tiene sustento su discurso hipotéticamente fundamentado en principios y posiciones políticas, si ello fuera el verdadero sentido, no hubiesen acudido a la CIDH y mucho menos llegado a acuerdos con un gobierno que vulneró sistemáticamente los Derechos Humanos en México.
Y porque estos organismos bien saben que los casos en la CIDH se atienden de manera individualizada y no como parte de una organización, y que el procedimiento de solución amistosa implica pasos similares al procedimiento de sentencia por la corte, y que la diferencia radica en una decisión de las víctimas de manera individual y de la voluntad política del Estado.