Fredy López Arévalo
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Somos la neta del planeta
Pocos medios
Hicieron eco de la noticia, pero no porque no la hayan difundido no sucedió: la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (Semavi), y más aún la Fiscalía Ambiental del Gobierno del Estado, clausuraron cuatro plantas de asfalto que estaban emitiendo gasas contaminantes, y más aún letales para el ser humano en el valle de San Cristóbal de Las Casas, y si callaron y si no publicaron la buena nueva, seguramente se debe a que entre los empresarios afectados figuran políticos locales muy poderosos, como al presidente del PRI en San Cristóbal de Las Casas, Víctor Ramos Herrera, aspirante a la presidencia municipal en las elecciones de octubre próximo. Pero empezaré por reconocer que fue la denuncia ciudadana lo que provocó la acción de las instituciones. Ya en semanas anteriores la Semavi envió a su personal para supervisar, in situ, el peligro que representaban para la salud de quienes habitamos el valle, y una semana después enfrentó a estos
empresarios sin escrúpulos que habían instalado estas plantas sin permiso alguno. La acción de la Semavi es una luz de esperanza para quienes como Bárbara Olivia Sierra Cruz y los integrantes del Consejo Ciudadano de San Cristóbal de Las Casas luchan por frenar la destrucción de nuestro entorno, y una muestra que cuando se protesta, cuando nos unimos, cuando tocamos las puertas de las instituciones responsables de proteger el medio ambiente, como la Semavi y la Profepa, pero más aún cuando tenemos un gobernante comprometido con la protección del medio ambiente. Esta conjunción de factores permitieron, en este caso, erigir, entre todos, un dique para poner un alto a estos empresarios sin escrúpulos, que como Víctor Ramos Herrera, se han enriquecido explotando nuestros recursos naturales, que son recursos no renovables, o como los hermanos Mariano Alberto y Enrique Díaz Ochoa, propietarios de la constructora Peje de Oro, que han colocado,
siempre, sus intereses particulares por encima de los intereses colectivos de quienes habitamos el valle de Jovel, irrespetando y violando la legislación vigente, y lo que es aún más cuestionable, utilizando los cargos públicos, como es el caso de la presidencia municipal, a favor de sus intereses particulares y los de su familia.
Eso es algo que está a la vista de todos, pero que nadie confronta, que nadie evidencia, menos aún los periodistas locales, que reciben jugosos dividendos de las arcas municipales (más aún en la radio comercial), y que prefieren cerrar los ojos ante los atropellos, los abusos de autoridad, la prepotencia, con que Mariano Alberto Díaz Ochoa ejerce el cargo de presidente municipal, y que cual piratas se aprestan abordar lo que avistan es el barco que más posibilidades tiene de llegar a puerto seguro: Víctor Ramos Herrera, presidente del PRI municipal, y seguro candidato a suplir en el cargo, aunque sea por un año y ocho meses, que hoy ostenta Mariano Alberto Díaz Ochoa.
Pero vayamos por partes, porque antes de que estos personajes canten victoria, la acción de la Semavi abrió una luz de esperanza de que por fin las cosas comiencen a caminar por la senda del derecho en San Cristóbal de Las Casas, tan cerca de la capital del estado, pero tan alejada de la mano de Dios, porque hasta hace dos días parecía que nadie metería las manos para frenar los frecuentes atropellos que se cometen contra el pueblo de San Cristóbal de Las Casas, inerme, indefenso como parece, para parar la destrucción de su entorno, de sus hermosas y verdes montañas, que caen a pedazos horadados por empresarios voraces que se enriquecen a costa de extraer de manera acelerada y sin recato alguno los recursos pétreos, como arena, grava y laja, que son recursos no renovables, o como sucede con los ríos que languidecen ante los ojos de todos, y nadie hace nada para rescatarlos, para sanearlos, para vivificarlos, o con las áreas bajo protección
ambiental, como reservas ecológicas, ahora en la mira de los fraccionadores, como sucede con La Quinta San Francisco, propiedad de Elmar Setzer Pedrero, y otros tantos casos, donde crece, imparable, la mancha urbana a costa de los bosques de coníferas, de los robledales, y de los humedales, que ahora ocupan la atención del Consejo Ciudadano de San Cristóbal de Las Casas.
Bárbara Olivia Sierra Cruz, portavoz de 384 personas que respaldaron la denuncia, está más que feliz, pero sobre todo, tiene la moral hasta arriba, dispuesta ahora a ir por más en la defensa del medio ambiente en el valle de Jovel, como son los bancos de arena y los humedales, bajo amenaza permanente.
“¡Vámonos por lo que sigue!”, dijo ayer en entrevista con Desde Los Altos, que se transmite en la XERA y se replica de manera simultanea por la 95.1 y la 100.9 de FM, además de estar disponible en línea, en Internet, en www.chiapasaldia.com
Es evidente que hay colusión de las autoridades municipales, o por lo menos eso es lo que ayer dejo en evidencia el director de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Romeo Vargas Macosay.
La secretaria de Medio Ambiente y Vivienda (Semavi), Lourdes Adriana López Moreno, aclaró que en el caso de las plantas de asfalto clausuradas, es resultado de un proceso conjunto de dos instituciones, la Profepa y la Semavi, ya que según explicó ayer la funcionaria estatal mientras la instancia federal, la Profepa, inició un proceso administrativo por el manejo de residuos peligrosos a tres asfaltadoras, la Semavi le entró a la clausura, a través de la Dirección de Protección Ambiental.
Sin duda que es una luz de esperanza para quienes como Bárbara Olivia Sierra Cruz y los miembros del Consejo Ciudadano, están pugnando porque se aplique la ley en San Cristóbal de Las Casas.
Veamos lo que me dijo ayer la secretaria Lourdes Adriana López Moreno:
-“Vamos a un tanto poco a poco. Empezamos con las asfaltadoras, que efectivamente nos llego la documentación que señalaba Bárbara Sierra, y entonces se planeó con Profepa y también con la Fiscalía Ambiental del Gobierno del estado y con Semavi, hacer una serie de revisiones, de ahí que la Profepa haya entrado con los juicios administrativos por el mal manejo de residuos peligrosos, y Semavi entró específicamente a la clausura por la falta de licencia en el funcionamiento por la emisión de contaminantes a la atmosfera de las empresas asfaltadoras. La primera clausura se llevo a cabo el pasado 12 de febrero, que fue a ALZ Construcciones, que está en la colonia Las Peras; la segunda fue ayer (martes) al grupo NAVE, y la tercera el día de hoy (miércoles) que es Diseño y Urbanización, que está en el tramo San Cristóbal-Comitán. Entonces son los tres procesos que se están siguiendo y, bueno, estaremos yendo por más, hay otra asfaltadora
que está en proceso, estamos ahorita integrando toda la documentación, y también se han iniciado una serie de operativos de vigilancia a la zona de humedales y ya estamos trabajando también esa parte, pero si es un tema que hay que solicitar también la intervención del gobierno federal, pero sí quería aclarar que las clausuras (de las asfaltadoras) son procesos estatales”.
La secretaria de Medio Ambiente aseguró que hay otros casos en los que trabaja la Semavi, la Profepa y la Fiscalía de Medio Ambiente del Gobierno de Chiapas pero omitió detalles para evitar poner en alerta a los implicados, como en el caso de los humedales, donde 19 propietarios se ampararon y mantienen contra la pared el decreto de protección ambiental que promovió el gobernador Juan Sabines Guerrero ante el Congreso del Estado.
Mañana continuaré con el tema, solo me resta reproducir un mail que recibí sobre el particular.
Estimado Fredy: Ojala que todo resulte como dices. Y no puedo creer que la Profepa está actuando contra los asfalteros! Siempre dice: 1) no es asunto de la Profepa si no del Municipio o 2) mandaron un equipo para averiguar y no encontraron ningun daño ambiental. Espero que por fin el gobierno ya se cansó de Mariano Díaz y sus maniobras.
Estaremos mañana (hoy) en tu programa.
Saludos, Lauren Green de Zarate
zarategreen@yahoo.com
Fredy Lopez Arévalo