Sony, por definir compensación a usuarios en México
Maricarmen Cortés
En verdad interesante la demanda que hizo el IFAI la semana pasada a Sony México para que informe ampliamente sobre las implicaciones para los usuarios mexicanos, tras el ataque cibernético realizado a PlayStation Network en Estados Unidos, donde efectivamente cientos de miles de usuarios se vieron afectados por el robo de identidad y lo más preocupante de sus datos de tarjeta de crédito. Es la primera vez que el IFAI interviene en el caso de una empresa privada y no de un organismo público o gubernamental, porque todavía no entra en vigor el reglamento de la nueva Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de particular aprobada por el Congreso, que nombró al IFAI como guardián de los datos personales y castiga el mal uso de las bases de datos de los clientes de todas las empresas.
En el caso de México, aunque ni Sony ni PlayStation han informado sobre el impacto a usuarios, se prevé que será mínimo, en primer lugar, porque apenas a mediados de marzo inició el servicio de poder utilizar una tarjeta de crédito para compras en Playstation Network, y Sony no había realizado ninguna promoción sobre esta nueva modalidad.
La base de datos de los usuarios en línea de PlayStation no la maneja Sony en México, sino la sede de PlayStation Latinoamérica en Estados Unidos, y el único país de la región que opera PlayStation network es México. Los usuarios en México operan a través de tarjetas prepagadas como en el caso de las aplicaciones del IPad y Ipod, y en la gran mayoría de los casos sólo se registran el nombre del usuario y su correo electrónico.
De cualquier forma, sí hay que reconocer la labor del IFAI que actuó de inmediato en el caso de Sony, porque sí es un grave problema el robo de datos personales y de identidad y la tarea que tendrá que realizar el IFAI a partir de enero próximo es en verdad de titanes para proteger las bases de datos de sectores tan complejos como telecomunicaciones y salud.
Sony México tampoco ha anunciado el esquema de compensación a los usuarios que seguramente será muy atractiva y lo más importante para la empresa que encabeza a nivel mundial Howard Stringer es generar confianza con mayores protecciones ante ataques cibernético y proteger el robo de identidad una vez que se reanuden las operaciones de PlayStation Network que hoy siguen suspendidas.
PROFECO HA PRESENTADO YA 11 ACCIONES COLECTIVAS
Son ya 11 las acciones colectivas que ha presentado la Profeco en protección de los usuarios. De estos 11 casos cuatro corresponden a líneas aéreas que han dejado de operar y el problema es que a pesar de que se han obtenido sentencias a favor de los usuarios, el cobro se enmarca dentro del concurso mercantil.
El caso más complejo es de Air Madrid con un juicio que se lleva en México, pero el concurso mercantil se realiza en Madrid ante el Juez Quinto de lo Mercantil y aún está en trámite, aunque en México la Profeco ya obtuvo sentencia condenatoria a favor de los consumidores.
El segundo caso es de Aerolíneas Azteca y la Profeco obtuvo sentencia favorable en representación de mil 200 afectados, condenando a la empresa al pago de 5 millones de pesos. Sin embargo, está pendiente el reconocimiento de créditos ante el conciliador del concurso mercantil.
El tercero es el caso, de Aerocalifornia en beneficio de más de 400 usuarios donde está aún en trámite la demanda de amparo por parte de Profeco y, el cuarto caso es el de Aviacsa donde la Profeco también obtuvo sentencia favorable y al salir Aviacsa de concurso mercantil se esperaba la firma de un convenio para la reparación extrajudicial del daño. Sin embargo, Aviacsa sigue sin reanudar operaciones y está en el aire su viabilidad, porque como ya le informamos GAP interpuso un juicio en contra del concurso.
Las otras acciones colectivas que ha interpuesto la Profeco son Corporación Técnica de Urbanismo, Graciano y Asociados, Nokia México, Azcué Muebles, Mupen, Construcción y Edificaciones Adhna y Tu Casa Express.
Desafortunadamente en ningún caso se ha logrado aún resarcir el daño a los consumidores, ya sea por amparos interpuestos por las empresas o porque dentro del concurso mercantil no se da prioridad a los usuarios.
En el caso de las aerolíneas, lo que busca Dionisio Pérez-Jácome, titular de la SCT, es un mecanismo en el que las aerolíneas se vean obligadas al reembolso a los usuarios que se aplicó ya con Grupo Madero al otorgar el certificado aéreo a Aviacsa.