A partir de la puesta en marcha de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Ambientales, la instancia dependiente de la Procuraduría de Chiapas ha encabezado en coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno 57 exitosos operativos de prevención y vigilancia, la consignación de 200 presuntos responsables del delito de Ecocidio y el aseguramiento de más de 500 metros cúbicos de madera preciosa.
Del primero de octubre de 2008 a la fecha, se han llevado a cabo 12 desalojos pacíficos en áreas naturales protegidas y ocho operativos de cateo, así como el rescate de 20 ejemplares de vida silvestre, entre las que destacan la guacamaya roja, puma, venado cola blanca, mono araña y sarahuato, loro cabeza roja y loro cabeza amarilla.
De esta forma, la administración que encabeza el gobernador Juan Sabines Guerrero da cumplimiento a uno de los puntos del Acuerdo por un Chiapas aún más Seguro y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al establecer políticas públicas tendientes a garantizar la sustentabilidad ambiental y proteger el patrimonio ecológico de los chiapanecos.
En el marco del programa integral de profesionalización y capacitación que impulsa el procurador Raciel López Salazar, la FEPADA ha llevado a cabo 50 cursos dirigidos a servidores públicos, entre agentes del Ministerio Público, secretarios de Acuerdos Ministeriales, peritos especializados, elementos de la Policía Especializada, de la Policía Estatal Preventiva y de las Policías Municipales.
En junio de 2010, la Fiscalía Especializada consignó ante el Juez de la causa a Daniel Ramírez Esquinca como probable responsable del delito de Ecocidio en su modalidad de incendio, luego de haber sido reportado un siniestro en las faldas del cerro Nambiyigua, en el municipio de Villaflores.
La primera detención por provocar un incendio forestal, se llevó a cabo tras la afectación de 40 hectáreas de bosque conformado principalmente por árboles de pino y encino, delito por el cual el ahora procesado podría alcanzar una pena hasta de 12 años de prisión.
Por otra parte, sobresalen los desalojos en las áreas naturales protegidas Parque Nacional Cañón del Sumidero, Reserva El Triunfo, y en las reservas municipales Cerro Mactumatzá en Tuxtla Gutiérrez y predio el Alazán en Tapachula.
También, el aseguramiento de las graveras clandestinas ubicadas en el barrio las Comaleras, colonia Salsipuedes de San Cristóbal de Las Casas y el desmantelamiento de la bandas de talamontes conocidas como “Los Lotes” y “Los Jarochos”, esta última presuntamente responsable de la tala de más de mil 500 árboles de diversas especies en la zona de Cintalapa.
En septiembre del 2010 y, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población que habita los alrededores de la estación gasolinera Akishino, ubicada frente al jardín de niños “Club de Leones” de la ciudad de Tapachula, la Procuraduría General de Justicia del Estado colocó sellos y candados de alta seguridad en las boca tomas de los tanques de almacenamiento.
Lo anterior, derivado de las investigaciones que realizara la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Ambientales ante la denuncia de los padres de familia y pobladores, quienes alertaron del riesgo que representaba la operación del establecimiento, toda vez que sufrieron alteraciones en su integridad por los gases que se generaban, poniendo en riesgo la salud de los menores del jardín de niños que se encontraba a escasos 150 metros de distancia.
Actualmente, la FEPADA cuenta con cinco mesas de trámite lo que le permite ofrecer un mayor y mejor servicio a favor de la ciudadanía, privilegiando en todo momento el trabajo coordinado con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda del Gobierno de Chiapas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las Secretarías Municipales de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Con estos hechos, el Gobierno del Estado reitera su inquebrantable compromiso con la sustentabilidad del medio ambiente, por lo que hace un llamado a la población en general a sumarse a este esfuerzo y denunciar si conoce de la comisión de cualquier delito que ponga en riesgo el equilibrio ecológico en la entidad.