– Derivado del registro de tres nuevos partidos políticos locales.
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó en sesión urgente realizada la mañana de este jueves, la redistribución del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, para el periodo de julio a diciembre del ejercicio 2026, derivado del registro de tres nuevos partidos políticos locales que tuvo efectos a partir del pasado 1 de julio.
Durante el análisis y aprobación del proyecto, la consejera Gloria Esther Mendoza Ledesma, presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, explicó que el monto total a redistribuir en el periodo citado es de 75 millones 164 mil 532 pesos, de tal forma que para los partidos políticos con acreditación y registro previo, se calcula de acuerdo al porcentaje que mantenían respecto de los recursos previamente distribuidos, quedando los montos de la siguiente forma: Partido Acción Nacional 5 millones 116 mil 480 pesos; Partido Revolucionario Institucional 7 millones 545 mil 311 pesos; Partido Verde Ecologista de México 12 millones 493 mil 816 pesos; Partido del Trabajo 8 millones 219 mil 915 pesos, Partido Movimiento Ciudadano 5 millones 612 mil 390 pesos; Partido Morena 22 millones 207 mil 913 pesos; Partido Redes Sociales Progresistas Chiapas 9 millones 458 mil 832 pesos; y a los Partidos con reciente registro, Movimiento de Esperanza de Chiapas, Conciencia Humana y Fuerza Chiapaneca, 1 millón 503 mil 290 pesos a cada uno.
La consejera presidenta Marina Martha López Santiago y las consejeras electorales integrantes de la citada comisión, Helena Margarita Jiménez Martínez y Teresa de Jesús Alfonso Medina, coincidieron en destacar que este ejercicio no representa un aumento al financiamiento público aprobado para este ejercicio anual, sino que se trata de la redistribución del mismo en virtud del cumplimiento de una obligación constitucional así como del reconocimiento legal de nuevos Institutos Políticos, medida que busca garantizar condiciones de equidad y que las prerrogativas asignadas puedan ejercerse de manera licita y transparente.