La Senadora María Elena Orantes, consideró que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental busca ser un instrumento más en la consolidación de nuestra democracia, al permitir una nueva visión en las relaciones entre el ciudadano y sus gobernantes; sin embargo, sus beneficios aún no se dejan sentir al cien por ciento y la legislación por si misma, no ha permitido afianzar nuestro proceso democrático.
Explicó la parlamentaria que el 10 de junio del 2003, fue promulgada por el Presidente Vicente Fox y entró en vigor el 11 de junio de ese mismo año; pero a pesar de los avances en materia de transparencia, estos primeros pasos no han permitido decisiones ciudadanas mejor informadas, ni tampoco ha promovido una redistribución del poder hacia los ciudadanos y favorecer el sistema de rendición de cuentas.
Consideró que una verdadera ley de transparencia debería posibilitar que la sociedad evalúe los resultados del gobierno y mejorar las condiciones para las actividades productivas y las inversiones al abrir la información que permita sustentar la toma de decisiones, en particular, las oportunidades de negocios, las compras de gobierno, los procesos de licitación y los programas de apoyo para el sector productivo.
Orantes López señaló que es importante reconocer que no se previeron varios aspectos, que de no tratarse con cuidado y de no completarse en términos legislativos pueden generar también efectos negativos, contraproducentes y provocar desequilibrios en el sistema democrático.
Por ello, consideró que se debe dar a las nuevas reformas de esta Ley una oportunidad, un tiempo razonable para que en el transcurso de solicitudes y negativas de información se vayan afinando y ajustando los criterios de clasificación de los documentos oficiales y, sobre todo, la capacitación que necesitan tanto servidores públicos como los mismos ciudadanos para hacer uso efectivo de un instrumento como éste. ASICh
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