El Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de México, en la causa penal 98/2009, valoró los elementos jurídicos aportados por el Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (UEIDCS) de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y dictó auto de formal prisión contra Mario Alberto Cárdenas Medina o Rodrigo Flores Rodríguez (a) “Betillo”, José de Jesús Franco Martínez, Ricardo Romero Martínez y Lenin Raydi Núñez Gaona.
Mario Alberto Cárdenas Medina es considerado probable responsable en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y granadas de la misma naturaleza.
En tanto, José de Jesús Franco Martínez es señalado por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de portación y posesión de arma de fuego y cartuchos, todos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como granadas de la misma naturaleza.
Mientras que Ricardo Romero Martínez es considerado probable responsable de los antijurídicos de posesión y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y granadas de la misma naturaleza y posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, Lenin Raydi Nuñez Gaona está relacionado con la probable comisión del ilícito de posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Los ahora procesados fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano el pasado 7 de junio, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Se les atribuye colaborar con el grupo delictivo conocido como “Los Zetas”, brazo armado del “Cártel del Golfo”, en el desempeño de sus actividades delictivas en Tamaulipas.
Al aportar los elementos jurídicos para iniciar este proceso penal, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso de combatir la delincuencia organizada con todos los recursos que le proveen la Ley y el Estado de Derecho.