Antonio Morales /ASICh
La tarde de este miércoles, el Pleno de la LXII Legislatura del Congreso local aprobó reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política del Estado en materia electoral, cuya iniciativa fue remitida por el Gobernador Juan Sabines Guerrero y que en uno de sus aspectos sustanciales, permitirá la homologación de las elecciones estatales con las federales en el año 2012. Entre los puntos más sobresalientes de la reforma se encuentra el hecho de que las elecciones de diputados al Congreso y miembros de los ayuntamientos se celebrarán el primer domingo de julio del año de la elección.
Se creará el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana como un organismo público del estado, autónomo, permanente, independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que estará integrado por un consejero presidente y cuatro consejeros electorales con voz y voto. Los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral cesarán en sus funciones el 31 de diciembre de 2007.
La Contraloría de la Legalidad Electoral será responsable de vigilar y fiscalizar los gastos de las precampañas, campañas electorales, transparencia y fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos. Estará a cargo de un Contralor que durará en el cargo siete años y será nombrado por el Congreso del Estado a propuesta del Ejecutivo.
El Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa es un órgano del Poder Judicial del Estado con autonomía en su funcionamiento, patrimonio y presupuesto propios . Es la máxima autoridad jurisdiccional en las materias electoral y administrativa, conforme a la competencia y atribuciones conferidas en los ordenamientos legales de las respectivas materias. Estará integrado por siete Magistrados, uno de los cuales por decisión del Pleno fungirá como su Presidente. Esta reforma entrará en vigencia el 1 de enero de 2008.
Por otra parte, a partir del 30 de septiembre del 2012, entrarán en vigor las siguientes disposiciones: El Congreso del Estado quedará instalado el 1 de octubre del año de la elección, debiendo iniciar en esa fecha su primer periodo ordinario, mismo que concluirá el 31 de diciembre; en tanto que el segundo periodo ordinario iniciará el 1 de abril y terminará el 31 de julio. Los ayuntamientos tomarán posesión el 1 de octubre del año de la elección; los alcaldes, regidores y síndicos durarán en su encargo tres años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.
De acuerdo a la reforma, por única ocasión los diputados de la LXIV Legislatura, electos en 2010, tomarán protesta el 16 de noviembre del año de la elección y cesarán en sus funciones el 30 de septiembre del 2012. Los integrantes de los ayuntamientos electos el primer domingo de julio del año 2010, tomarán la protesta respectiva el día primero de enero de 2011 y cesarán en sus funciones el 30 de septiembre de 2012.
Asimismo para fortalecer la equidad y la participación ciudadana, las reformas establecen que los partidos políticos deben incluir entre sus candidatos propietarios a diputados al Congreso del Estado y a integrantes de los ayuntamientos a no más del setenta por ciento de un solo sexo y no menos del treinta por ciento de jóvenes menores de veinticinco años; se introduce la sanción de no registrar a ningún candidato si los institutos políticos no cumplen con la cuota de género y de jóvenes.
Conforme a la reforma, los servidores de los Poderes Públicos no podrán intervenir directa o indirectamente a favor o en contra de cualquier partido político, coalición, candidato o precandidato durante los procesos electorales; los partidos políticos que realicen coaliciones o alianzas sin sujetarse a las reglas establecidas en la Ley, deberán reintegrar el financiamiento público que se les asignó para la elección de que se trate, con independencia de que podrán perder su registro o acreditación correspondiente; se prohíbe la difusión de obras y programas durante el tiempo de campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral.
Los partidos políticos que pierdan su registro o acreditación, deberán reintegrar al erario estatal el excedente económico y los bienes muebles e inmuebles que hayan adquirido con recursos provenientes del financiamiento público estatal, de acuerdo a los procedimientos de liquidación y devolución que establezcan las leyes.
Los legisladores en tribuna hicieron un amplio reconocimiento al gobernador Juan Sabines Guerrero, quien realizó esta propuesta que consolida mayor transparencia en los procesos democráticos de la entidad.
Durante la sesión, los diputados aprobaron por unanimidad retirar de la orden del día del Tercer Periodo Extraordinario, todas las iniciativas relativas al paquete hacendario para el ejercicio fiscal del 2008, mismas que se analizarán, discutirán y votarán en un periodo posterior . ASICh