Orbelín Castro /ASICh
La diputada local del Partido de la Revolución Democrática PRD, coordinadora del grupo parlamentario de la LXV legislatura del Congreso del Estado, Alejandra Soriano Ruíz, manifestó que Chiapas sigue siendo una tierra de contrastes y de profundos rezagos.
En conferencia de prensa, expuso que en Chiapas se registran a nivel nacional los más grandes rezagos en educación, salud, infraestructura e igualdad de género y desde luego en transparencia, en tanto hoy en día a nivel nacional, la clase política ha vuelto sus ojos a Chiapas con asombro ante la rapiña y saqueo de la anterior administración estatal.
Por ello el Senado de la República y la Cámara de Diputados pidieron a la Comisión de Vigilancia de la auditoría Superior de la Federación (ASF) hace escasos días, información sobre el proceso de auditorías practicadas a los contratos en materia de obra pública en Chiapas, correspondiente al último año de la administración pasada.
Este dictamen aprobado por los legisladores prescribe que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe rendir un informe específico a la Cámara de Diputados y fincar las responsabilidades correspondientes en caso de detectar irregularidades en los contratos de obra pública en los años 2011 y 2012.
Mientras esto sucede a nivel nacional en Chiapas algunos trasnochados pretenden seguir bajo las viejas prácticas mapachistas, cuidando las espaldas de bandoleros que al amparo del poder público hurtaron, asaltaron las arcas estatales, como es del conocimiento que el pasado 6 de Julio el Órgano de Fiscalización Superior de Congreso del Estado, emitió un informe de revisión y fiscalización relativo a la cuenta pública de los tres primeros trimestres del 2012.
Soriano Ruíz solicitó al presidente de la Comisión de Vigilancia, diputado José Ángel Córdova Toledo, una copia de ese informe y ante la negativa, tuvo que ampararse.
Tuve que solicitar la intervención del Poder Judicial de la Federación ante la cerrazón de otro “representante popular”, por constituirse este en el principal obstaculizador de la transparencia.
Ha negado sistemáticamente la entrega de esa información en una clara intención de cuidar las espaldas al “mapache mayor”, a su jefe, argumentando que se encuentra imposibilitado otorgar la información, porque no se pude publicar.
El diputado Córdova Toledo quiere confundir la publicidad de dicho informe, con el derecho constitucional de conocer la forma de cómo se gastaron el dinero del pueblo. Este obtuso argumento, aparte de ser ilegal, tiene como finalidad ganar tiempo para lograr una aprobación ante el pleno del Congreso que permita cerrar este capítulo tan aciago en la vida de Chiapas, bajo el manto de la impunidad.
Por ultimo, dijo que los diputados no pueden aprobar un dictamen, sin siquiera conocer una línea del informe, ya que aprobarlo, sería un acto de ingenuidad sospechosa y traición al pueblo de Chiapas. ASICh